Hace unos días nos enteramos de que el Rey renunciaba a disfrutar del Fortuna y los medios de comunicación recordaban los 3.500 millones de pesetas que costó ese yate, aportados por el gobierno balear y por un grupo de empresarios. Era el año 2000. Todo parecía normal. Pero en España, los mismos empresarios que recolectan todo el dinero del mundo para un lujoso objeto de recreo, son incapaces de financiar investigación, desarrollo y aportar medios, con similar espíritu filantrópico, a la educación. Se echa toda la culpa a los políticos, el objetivo más fácil, que, efectivamente, regatean todo el prepuesto que pueden a la universidad y a la investigación, e interfieren, a golpe de decreto y reforma de las reformas, en el gobierno de los centros de enseñanza superior. Poco se exige, no obstante, de un sistema empresarial y financiero montado para el beneficio fácil y el pelotazo. Una manifestación más del desprecio que este país muestra hacia la investigación y los méritos obtenidos a través del estudio.