San José, 1 de agosto, 2022
Señora:
Catalina Crespo Sancho Defensora de los Habitantes S.D.
Estimada señora:
Recientemente nos fue notificado al Grupo de Trabajo Agenda CEDAW compuesto por organizaciones de la sociedad civil que la funcionaria Ivania Solano, quien desempeña un importante trabajo de acompañamiento y guía a los diferentes grupos de la sociedad que conforman este grupo de trabajo, pasaría a otro puesto, al igual que se está haciendo con otras instancias; en particular con aquellas relacionadas de manera directa con derechos humanos y sociedad civil.
Los recientes cambios promovidos por la Defensora de los habitantes y en particular la remoción de la funcionaria Ivania Solano, deja al descubierto una afectación a las personas usuarias de los servicios de la Defensoría de la Mujer de la Defensoria de los Habitantes y en un momento en que se está presentando un retroceso sin precedentes en los derechos de las mujeres.
No se puede dejar de lado, adicionalmente, el impacto negativo que estas limitaciones impuestas por medidas que desconocemos tendrán; en particular en las organizaciones y colectivas por los derechos de las mujeres que hemos recibido apoyo y hemos trabajado codo con codo con dicha instancia. Esto se debe al trabajo histórico que las funcionarias especializadas en derechos humanos de las mujeres de la Defensoría de la Mujer han realizado con sociedad civil por la experticia que estas funcionarias han ido acumulando.
Es imposible negar este trabajo técnico, o más bien realizado por la especialización de las funcionarias como requisito esencial para ejercer sus funciones y cumplir con la obligación estatal, de erradicar la discriminación basada en género.
En ese sentido, no se puede dejar de mencionar que es obvia la necesidad de que otras personas puedan tener un entrenamiento para poder fungir con la excelencia con la que las funcionarias de dicha instancia lo han hecho hasta el día de hoy, pero tampoco se puede esperar una experimentación más allá de la buena voluntad de las personas que se suponen asumirán los puestos a disposición de la Defensora. La pregunta es: ¿cómo apoyar labores que requieren una especialización sin contar con el conocimiento y la experticia en un momento en que los insuficientes resultados en
términos de avances hacia el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres están siendo necesarios para lograr objetivos tan importantes como los señalados en los ODS y en la reciente “Lista de cuestiones y preguntas relativas al octavo informe periódico de Costa Rica, del 7 de marzo, 2022”, que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer solicito, entre otras obligaciones.
Aún más, pensar en que las funcionarias puedan apoyar no solo a las usuarias, a hacer control de legalidad y apoyar técnicamente a la sociedad civil, sin contar con perspectiva de género, la cual trasciende la voluntad ya que es imperativo el conocimiento, se puede afirmar que se violenta por un lado el objetivo de la existencia de la propia Defensoría de los habitantes, pero también pone en evidencia la actitud institucional de ignorar las desigualdades estructurales de género y la obligación estatal de atenderlas a través de diferentes acciones tales como atención a usuarias pero también el trabajo con sociedad civil.
Si bien, toda persona funciona pública debería tener y trabajar desde una perspectiva de género, la realidad no es esta. Para poder avanzar hacia la igualdad, es necesario contar con personas que cuenten con la formación y experiencia de acuerdo con la instancia donde deban trabajar. Por esto, llama la atención el desmantelamiento de una instancia que nació ante el reconocimiento estatal de tener que atender su obligación que hace todo lo posible para poder erradicar la discriminación estructural, sistemática, e histórica basada en género, y que efectivamente cumplió con esto, por ejemplo en relación al acceso a la fertilización in vitro y la discriminación en relación a las pensiones alimentarias, solo para mencionar algunas dentro de la gran agenda de necesidades y urgencias de la Agenda CEDAW.
La perspectiva de género y la interseccionalidad son esenciales en el quehacer estatal, por lo cual parece que se están olvidando que las personas no son fichas intercambiables, sabiendo que cada una tiene un conocimiento y experticia sobre temas particulares, porque nadie puede ser podóloga, como la misma Defensora de los Habitantes aceptó cuando asumió su cargo y declarar que “de derecho ella no sabía mucho”.
Ante esto, solicitamos lo siguiente:
Investigación en los procedimientos que constituyen acoso laboral para las funcionarias de instancias como la Defensoría de género para poder removerlas y colocarlas en otras instancias donde sus conocimientos no serán aprovechados al máximo, dejando en abandono a sociedad civil y en particular a las usuarias, las cuales suelen estar en alta vulnerabilidad.
Si bien es cierto la experiencia en otros temas es importante, también es cierto que la aplicación del conocimiento y la experiencia ya adquirida lo son aún más para
atender con rapidez los problemas que a menudo se presentan y que se logran abordar debido, precisamente, a la experiencia y especialización de funcionarias como Ivania Solano.
En razón de lo anterior, como grupo organizado y Agenda de Trabajo y dado que la institución se debe a la sociedad civil, en general, dada su condición de defensor del pueblo reiteramos se inicie la investigación mencionada y se reconsidere el cambio de puesto de la funcionaria Ivania Solano.
El presente documento lo firmamos los siguientes grupos y personas:
