PRONUNCIAMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL FRENTE A LA
RECIENTE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 2715-2021-LEY QUE MODIFICA EL DECRETO
LEGISLATIVO 1100 QUE REGULA LA INTERDICCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL EN TODA LA
REPÚBLICA Y ESTABLECE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS Y LA PROPUESTA DEL MINEM DE
MODIFICAR LA LEY DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Las organizaciones abajo firmantes, integrantes del Observatorio de Minería Ilegal y Actividades Vinculadas en Áreas Claves de Biodiversidad, constituido en respuesta a la amenaza que representa la minería ilegal para el ambiente, la salud e integridad de la población, en especial los pueblos indígenas y la vida silvestre que habitan en las Áreas Naturales Protegidas y Áreas Claves de Biodiversidad, ríos y otros cuerpos de agua, hacemos de conocimiento a la ciudadanía lo siguiente:
1. Manifestamos nuestra profunda preocupación y total rechazo a la reciente aprobación del Congreso de la República, del Proyecto de Ley 2715-2022 - Ley Que Modifica El Decreto Legislativo 1100, el cual regula la Interdicción de Minería Ilegal en toda la República y establece medidas complementarias y la modificación de los numerales 7.1 y 7.2 del artículo 7:
Frente a ello, instamos al Poder Ejecutivo, Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio de Defensa (MINDEF) y al Ministerio del Interior (MININTER), a observar la propuesta legislativa, toda vez que debilita el mecanismo de interdicción al incluir un procedimiento más que puede dilatar y comprometer las investigaciones del delito.
Actualmente, los ejecutores de las acciones de interdicción como son: Ministerio Público, Policía Nacional del Perú y DICAPI; no cuentan con los recursos económicos y logísticos para la custodia y traslado de la maquinaria, bienes o equipos intervenidos en actos de minería ilegal, ya que, muchas veces estás se realizan en lugares con poco acceso y muy alejados, por lo que, trasladar esta competencia a los Gobiernos Municipales (distritales y provinciales) y Gobiernos Regionales, que tampoco cuentan con dichos recursos para la disposición y traslado inmediato del lugar de los hechos, pudiera debilitar este mecanismo, frente a la lucha contra la minería ilegal.
Asimismo, la propuesta atenta contra la autonomía del Ministerio Público y el carácter reservado de estas operaciones; puesto que todo operativo de interdicción tendría que ser previamente comunicado y coordinado con los Gobiernos Regionales y Municipales y de no darse estas condiciones logísticas tendrían que ser frustrados.
2. Así también solicitamos al Ministerio Público, fortalezca los recursos personales y logísticos de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, con la finalidad de incrementar los operativos contra la minería ilegal y se ejecuten de manera inmediata y permanente.
3. Por otro lado, también rechazamos la propuesta del MINEM; cursada al MINAM mediante Oficio N°0776-2023/MINEM-DGH, que pretende modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas, priorizando proyectos de aprovechamiento de hidrocarburos y gas natural; poniendo en riesgo la intangibilidad de estas áreas naturales y atentando contra la biodiversidad, ecosistemas reservas de agua, reservas de carbono y otros sistemas.
Por tal razón de proseguir con esta iniciativa legislativa y su posterior aprobación, la modificatoria sería contraria a la Constitución Política del Perú, la misma que en su artículo 68 reconoce la responsabilidad estatal de promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.
En ese sentido, alertamos a todas las autoridades y a la sociedad en general, sobre estas iniciativas legislativas, que evidentemente ponen en riesgo la regulación y protección de las Áreas Naturales Protegidas de nuestro país, así como debilitan el marco de las acciones de interdicción contra la minería ilegal.