Bajo el argumento que el apoyo de los espacios educativos sería contradictorio con el derecho de padres y madres, el Estado ha abandonado su responsabilidad de proveer recursos mínimos y adecuados a las familias: familias que en más del 25% de los casos son monoparentales y donde un 75,8% de quienes tienen a su cargo niños y niñas de hasta 5 años son principalmente mujeres, que declaran no contar con apoyo para dicha tarea (*). La ausencia de una política nacional ha impedido a las comunidades escolares apoyar a las familias, pese a que estudios recientes mostraron que un 90% de madres, padres y cuidadores está "de acuerdo" o "muy de acuerdo" sobre la necesidad de educar en sexualidad desde el inicio del ciclo vital y consideran que la ESI no está en contra de sus creencias personales, religiosas y/o culturales (*).

Hemos sido testigos de cómo la "libertad de enseñanza" ha permitido eludir a los sostenedores sus deberes como garantes del derecho a la educación y hoy tenemos escuelas que no son espacios seguros ni igualitarios para el aprendizaje y desarrollo, en las que proliferan discursos de odio y antiderechos: En Chile, la orientación sexual es la tercera causa de discriminación y el ámbito educativo es el tercer espacio donde más se violenta por esta razón (*): Desde el 2002 al 2019, 784 estudiantes o docentes han visto vulnerados sus derechos por casos de homofobia y transfobia (*) y en 2022 los crímenes de odio se duplicaron en Chile: En el ámbito educativo las denuncias aumentaron un 333%, la cifra más alta de la cual se tiene registro (*). Una expresión terrible de estas cifras son los suicidios de jóvenes trans, como el caso de José Matías en Copiapó el 2019 y el suicidio de Renato en Cauquenes este 2023, ambos víctimas del bullying y de la violencia institucional ejercida por sus escuelas.

Denunciamos el abandono de la niñez en esta materia, a sabiendas que la Educación Sexual Integral entrega conocimientos fundamentales para reconocer y visibilizar el abuso sexual infantil: al 2022, la tasa de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual por cada 100.000 habitantes es de 192,7 niñas y 25,5 niños (*) y se estima que "la cifra negra" - los casos que no se denuncian - son el 70% (*). En 2021 los casos de denuncias por delitos sexuales aumentaron en un 5% y dentro de estos delitos, el más frecuente es el de abuso sexual contra niños y niñas de menos de 14 años, siendo el 85% de ellos contra niñas (*). La institucionalidad chilena ha sido cómplice de esta situación, al no entregar herramientas ni el acceso a la información apropiados: a sabiendas que la mayoría de casos de abuso sexual infantil ocurren en contexto intrafamiliar y que al 2016, esa cifra alcanzaba un 62% (*), por lo cual las escuelas juegan un rol clave en la detección y denuncia de esta y otras formas de maltrato contra la niñez y este congreso tiene una responsabilidad clave en la apertura de este debate.