Carta Abierta a las señoras y los señores Diputados de la Nación por la Provincia de San Luis *

Sres: Arancibia Rodríguez, Alberto Gustavo; Bachey, Karina Ethel; D'alessandro, Carlos; Zabala Chacur, Natalia, y Ali, Ernesto Nader (Diputado pendiente de acreditación)

Los/las abajo firmantes nos dirigimos a Ustedes en tanto  representantes del pueblo de la Provincia de San Luis en el Congreso Nacional, para hacerles llegar algunas reflexiones acerca del reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/23), y de la Ley  “Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, conocida como “Ómnibus”, iniciativas del Poder Ejecutivo que están pendientes de discusión en el seno del Congreso de la Nación por ambas Cámaras.

Entendemos que el DNU que deroga o modifica de un plumazo más de 300 leyes, incluyendo artículos de los Códigos Penal, y Civil y Comercial, es un abuso del Poder Ejecutivo y un avasallamiento sin precedentes al Poder Legislativo que ustedes integran. Si el DNU se aprobara, ¿qué garantiza que dentro de cuatro años otro gobierno, sea del signo político que sea, y por Decreto cambie un sinnúmero de leyes? La independencia de poderes sobre la que se asienta nuestra República pasaría a ser una entelequia. 

El inmenso paquete de modificaciones que se pretende llevar adelante es a todas luces inconmensurable e, incluso, muchas veces, con poca racionalidad. ¿Cuáles son las necesidades de no dar lugar a los debates profundos para todas y cada una de estas transformaciones que se pretenden? 

El DNU presidencial al igual que la megaley están cuestionados por amplísimos sectores de la vida nacional y provincial: el sector productivo, pymes, trabajadores estatales, investigadores, artistas, músicos, realizadores audiovisuales, docentes, libreros, profesionales y técnicos de la salud;  asociaciones civiles, asociaciones de consumidores y de inquilinos, jubilados, periodistas, universitarios, científicos, magistrados, colegios de profesionales, asociaciones que trabajan con personas con discapacidad, infancias, adolescencias, mujeres y disidencias, comedores populares, bibliotecas populares, obras sociales, trabajadoras de casas particulares, y un largo etcétera. Es llamativo que, salvo funcionarios del propio gobierno, agentes de prensa afines al gobierno y sectores concentrados de la economía que claramente se ven favorecidos por los contenidos del DNU y por la Ley Ómnibus, nadie ha salido a defender estas propuestas. 

Los efectos negativos de estas iniciativas del Ejecutivo son múltiples, diversos, severos y pretenden formatear un modelo de país en donde el mercado, el disciplinamiento y el individualismo pasan a ser los nuevos dioses ante los cuales hay que postrarse, abandonando las ideas de comunidad, justicia social y solidaridad, ideas de la que un pueblo como el argentino ha sido tributario y ejemplo en Latinoamérica y el mundo. Cabe recordar que estas banderas han sido plantadas por sectores sociales, luchas de largos siglos tras la independencia política y en busca de la ruptura de las cadenas que han atosigado al pueblo argentino durante los siglos XVIII, XIX y XX.

En nombre de la libertad se busca avasallar derechos individuales y se recortan derechos, se vende el patrimonio nacional pretendiendo privatizar empresas que son orgullo de un país como ARSAT, INVAP SA,  YPF, YMAD, Aerolíneas Argentinas, Banco Nación, y que, además, no son deficitarias. Se cuestiona sostener ANSES, AYSA, Trenes Argentinos, Casa de la moneda, Polo tecnológico, Radio y TV Argentina, Télam entre otras cerca de 40 empresas del Estado que permiten garantizar el desarrollo, la autonomía y el acceso a derechos constitucionales, es decir, garantizar la construcción de independencia nacional e internacional.

Se ataca a la cultura pretendiendo eliminar normativa que sostiene al Fondo Nacional de las Artes, al Instituto Nacional del Teatro y al Instituto Nacional de la Música, y avanzando negativamente contra el INCAA, las bibliotecas populares, y otros espacios culturales. La industria editorial también se cuestiona en sus bases.  

No sólo se entregan las riquezas del país pretendiendo privatizar YPF, sino que además se abre la puerta para enajenar tierras modificando la Ley de Tierras, la Ley de Glaciares, de Bosques, la de quema, la explotación pesquera en aguas territoriales. Todo ello contribuye a desposeer al país de recursos naturales estratégicos para un desarrollo sustentable a los solos efectos de entregarlos a los capitales trasnacionales que pretenden hacer pingües negocios, y producir estragos en el ambiente que padecerán todas las generaciones. Acciones estas que son parte de nuestra historia, desde antes de conformarnos como Estado Nación y que ese saqueo, entre otros aspectos sociales y culturales, dieron lugar a la Revolución de Mayo y a Independencia en 1810 y 1816. Pero también muchas de estas políticas se aplicaron en otros momentos de nuestra historia argentina, incluso reciente y hemos pagado como pueblo duras consecuencias que muchas y muchos de nosotras y nosotros aún llevamos en los cuerpos y los recuerdos. 

Se busca destruir la ciencia nacional desguazando al CONICET, quitando jerarquía al Ministerio de Ciencia y Tecnología,  diciendo que los científicos no producen. En este sentido, el desarrollo de nuestro futuro, nuestra ciencia, nuestra tecnología y nuestras capacidades estratégicas están en peligro. ¿No son YPF, ARSAT, INVAP y otras nombradas anteriormente empresas del Estado fruto del desarrollo de la ciencia argentina? El desarrollo del INTA y la repercusión de este organismo territorial y de conocimiento impacta de forma directa en las cosechas de productores pequeños, medianos y grandes. Las economías regionales se ven acrecentadas con el desarrollo de la ciencia aplicada. 

Se pretende mercantilizar la educación, desfinanciando las Universidades Públicas (en nuestra provincia son tres), sujetando el aumento de su presupuesto a la matrícula, creando de esa manera carreras de primera y de segunda, haciendo imposible su funcionamiento para poder desarrollar las tareas de docencia, extensión e investigación. Cabe recordar que ha sido el acceso a la educación el mayor baluarte de movilidad social en nuestro país, aquello que ha garantizado que aún hoy jóvenes sean primera generación de terminalidad del secundario e ingresantes a las universidades.   

Se criminaliza la protesta defenestrando derechos otorgados por la Constitución Nacional, atacando la libre expresión, el derecho de manifestarse y el acceso a la información, por fuera de una perspectiva de Derechos Humanos. 

Se  destruyen valores comunitarios sobre los que se desarrollaron instituciones señeras en nuestro país como los clubes de fútbol, aniquilando también la función social que cumplen estas instituciones y su vinculación con la comunidad.  Con el agregado del tremendo ajuste que recae sobre los sectores más vulnerados y vulnerables de nuestro pueblo: recortes a jubilados, apropiación del fondo de sustentabilidad de ANSES, recortes en planes sociales en el PAMI, aumento injustificado y expulsivo de las prepagas, recortes a los programas destinados a las políticas de género, cuando no la eliminación lisa y llana de los mismos, ataque a nuestras economías regionales, destrucción de puestos de trabajo con la eliminación de la obra pública, apertura indiscriminada de la importación con el impacto negativo  que eso tendrá sobre el trabajo y la producción nacional, aumento en las retenciones de algunos productos de exportación, retrocesos en materia de Salud Mental, en los cuidados de las infancias, adolescentes y personas con discapacidad. 

En fin, no ha quedado sector del país que no haya sido agredido por los planes del gobierno, desde los productores de biodiésel hasta los inquilinos, desde los jubilados a los docentes, desde los estatales hasta los trabajadores formales e informales, desde las infancias a los científicos, desde los pescadores a los chacareros. La lista es interminable. Las regulaciones que dan cuenta de la necesaria presencia del Estado, los estándares internacionales en materia de derechos y las agendas progresistas intentan ser exterminadas como marco normativo general. 

Ustedes, como legisladores que representan a una provincia con un poco más de 542.000 personas, no deben estar ajenos a los múltiples problemas que la aprobación del DNU y de la Ley Ómnibus, tal cual fue enviada por el Poder Ejecutivo, acarrearían al pueblo de San Luis. 

No ignoramos que el Presidente Milei fue electo legítimamente con el 55% de los votos, pero de la misma manera no ignoramos que este pueblo también votó una composición del Congreso de la Nación que actúe como contralor y freno de aspiraciones que rayan lo autoritario, regresivo y nada federal. 

Es falso decir que el pueblo argentino votó todo esto que quiere llevar adelante el Gobierno Nacional. Es falso decir que el camino del ajuste brutal es el único posible. Es falso que no haya caminos alternativos para sanear la economía sin destruir sus bases y entregar el patrimonio nacional a trasnacionales y a los aprovechadores de siempre. Es falso que es a todo o nada y que sin los poderes excepcionales, reclamados, lo que le da la suma del poder público prácticamente, no se puede gobernar. 

Por ello, desde nuestro lugar de ciudadanas y ciudadanos de la provincia, provenientes de distintas fuerzas vivas y sectores productivos, educativos, artístico-culturales, comerciales, científicos, les solicitamos que rechacen el DNU, que además no se sabe quién o quiénes lo redactaron aunque se sospecha la mano de amanuenses de los poderes económicos no votados por el pueblo, y que no aprueben a mano alzada la Ley Ómnibus, sometiendo a discusión cada punto de la misma y anteponiendo a lo partidario los intereses del pueblo de la provincia, cuyos ciudadanos han depositado en ustedes la tarea de representarnos. De esa manera habrán honrado su trabajo como legisladores de la Nación, no permitiendo que nadie los extorsione o los agravie, responsabilizándolos de una probable catástrofe, o que les imponga  políticas impopulares, atropellando sus funciones y su razón de ser como representantes de la voluntad popular. Les pedimos puedan escuchar, discutir y consensuar, para legislar en bien del pueblo y de la Patria. 

Cuando estos días aciagos sean un triste recuerdo en la vida democrática de nuestro país, el pueblo de San Luis recordará vuestro comportamiento como Diputadas y Diputados de la Nación, y la Patria sabrá si demandárselo o no.

En el nombre de la gobernabilidad es falaz votar leyes que van en contra del pueblo: la gobernabilidad se logra con más república y más federalismo, y no entregando la suma del poder.

Con la esperanza de ser escuchados, y fieles al compromiso de dar testimonio en momentos difíciles, como decía Rodolfo Walsh, las y los saludamos respetuosamente.

San Luis, 17 de enero de 2024