Las organizaciones y referentxs abajo firmantes expresamos el repudio a la definición tomada por mayoría en el Consejo Directivo de la Fadecs-UNCo de expulsar de las residencias universitarias a un estudiante. Esta decisión que han tomado afecta gravemente la continuidad de los estudios universitarios del estudiante de trabajo social David Lefiñanco. El estudiante no reside en la localidad ni cuenta con los recursos económicos para abonar un alquiler. Es ampliamente conocido el contexto de pandemia y la crítica situación económica que atraviesa nuestro país, el estudiante expulsado no es ajeno a este contexto, y se ve todavía más agraviado en su condición de jóven, mapuche y perteneciente al colectivo de la disidencia sexual.

Por otra parte, si consideramos la falta cometida por el estudiante (mantener una reunión social en la residencia universitaria que habita durante la madrugada del 16 de febrero del corriente año), se ve a la luz una sanción excesiva y punitiva y además discriminatoria.
Excesiva y punitiva, porque el reglamento de las residencias indica que para llegar a la instancia de expulsión, el estudiante debe recibir tres llamados de atención por parte de la Secretaría de Bienestar, de los cuales el estudiante no recibió ninguno formalmente, hasta los hechos publicados en los medios donde la sanción de expulsión fue primero difundida por los medios y posteriormente informada institucionalmente.
Por otra parte, se trata de una sanción discriminatoria si miramos en comparación con los hechos similares ocurridos en la Fadecs: como fueron las imágenes difundidas del personal no docente festejando un cumpleaños en el hall de la facultad en el mes de octubre del pasado año 2020, cuando la situación epidemiológica era muchísimo más riesgosa que durante febrero del 2021, y donde las medidas sanitarias del ASPO no permitían reuniones sociales.

Frente a la desmedida sanción de expulsión, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro y la cátedra de Antropología de Trabajo Social enviaron notas al Consejo Directivo para acompañar un pedido de reconsideración de la sanción y proponiendo que se ejecuten sanciones menos punitivas y más pedagógicas. Aún con la palabra de estos organismos, la mayoría del Consejo Directivo reafirmó su decisión de expulsar al estudiante.

Remarcamos que la quita de residencia al estudiante lo imposibilita de continuar sus estudios universitarios, lo cual constituye un daño en lo personal, porque esta sanción cambia su destino irrevocablemente, pero también constituye un daño en lo colectivo: a los pueblos originarios que sufren la exclusión del sistema universitario históricamente, y a les estudiantes en general con los que se marca un precedente de accionar punitivo y privativo de su derecho al acceso, permanencia y egreso de la universidad.

Por lo arriba expuesto, las organizaciones y referentxs abajo firmantes llamamos a las autoridades de la Fadecs y a su Consejo Directivo a revisar esta decisión y proponer sanciones que tiendan a reparar los vínculos y a construir enseñanzas pedagógicas para la comunidad universitaria. No a excluir a las personas de su derecho a la educación superior perpetuando las desigualdades estructurales que reproducen universidades elitistas y accesibles sólo a ciertos sectores sociales privilegiados.