Denunciamos amenazas a líderes y lideresas ambientales en el proceso de licenciamiento ambiental de proyecto piloto de fracking en Colombia / We denounce threats to the lives of environmental leaders that are occurring in the environmental licensing process of a fracking pilot project in Colombia
(See English Google Translation Version below)

[VERSIÓN EN ESPAÑOL]

Las organizaciones nacionales e internacionales abajo firmantes, rechazamos las amenazas e intimidaciones sufridas por integrantes de la Alianza Colombia Libre de Fracking, activistas que defienden sus territorios ante los intentos de desarrollo de proyectos de fracking promovidos por el Gobierno colombiano, y las empresas Ecopetrol y ExxoMobil, en el municipio de Puerto Wilches (Santander) y la región del Magdalena Medio colombiano.

La oposición al fracking en Colombia liderada por la Alianza, una plataforma amplia y plural de más de 100 organizaciones y procesos sociales, populares y comunitarios de todo el país, ha logrado detener por varios años el inicio de este tipo de proyectos extractivos por el bien de las comunidades locales y globales en el contexto de la crisis climática, pero con un costo enorme para los líderes y lideresas sociales que sufren amenazas continuas por parte de los actores armados que operan en los territorios donde se quiere desarrollar esta peligrosa actividad.

La Alianza Colombia Libre de Fracking denuncia que la empresa estatal Ecopetrol, con el apoyo de entidades gubernamentales, está buscando obtener la licencia ambiental para el primer "proyecto piloto" de fracking llamado Kalé, ubicado en el municipio de Puerto Wilches (Santander), con el objetivo de dar vía libre a este tipo de explotación en el país antes de la finalización del período del presente gobierno. En el licenciamiento mencionado, se vienen produciendo múltiples violaciones al "debido proceso" y al derecho a la participación ciudadana (audiencias atípicas, reducción anormal de tiempos de proceso, entre otras anomalías), que han aumentado aún más la oposición al proyecto Kalé, y en general al fracking en la región y el país.

En este contexto, se realizaron protestas pacíficas primero el 6 de febrero frente a las instalaciones de Ecopetrol en Barrancabermeja, y al día siguiente, en la “reunión informativa” previa a la audiencia pública del 22 de febrero, organizada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Ecopetrol, en el municipio de Puerto Wilches. Aunque las protestas se realizaron en paz, impregnadas del colorido y la música característica de la región, la empresa Ecopetrol emitió un comunicado tergiversando la acción al afirmar que: “los manifestantes irrumpieron en el lugar e impidieron el ingreso a la ciudadanía, y atacaron con piedra al personal de logística, afectaron los equipos de transmisión y entraron a la fuerza al máster de Ecopetrol”. Estas falsas acusaciones, que estigmatizan y criminalizan el derecho a la protesta pacífica, activaron acciones violentas contra integrantes de las organizaciones de Puerto Wilches y de la Alianza.

El mismo 7 de febrero, grupos paramilitares autodenominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y Autodefensas Unidos de Colombia (AUC), intensificaron sus amenazas contra las y los líderes, opositores y personas involucradas en la resistencia al fracking en la región, distribuyendo dos panfletos en redes sociales que amenazan con nombre propio a líderes y lideresas, además de llamadas telefónicas y contacto directo con amenazas de muerte que implicaron el desplazamiento de emergencia de dos compañeras a lugares seguros.

Ante la gravedad de la situación, las organizaciones firmantes demandamos:

1. Al Gobierno Nacional de Colombia, regional y municipal, brindar todas las garantías necesarias para que las diferentes organizaciones que conforman la Mesa ambiental de Puerto Wilches y la Alianza Colombia Libre de Fracking, puedan ejercer sus derechos a la vida, a la integridad personal, la libre expresión, la reunión y protesta pública y pacífica, en oposición a los pilotos de fracking, en las diferentes acciones judiciales, de incidencia y movilización que se consideren necesarias.

2. A la Fiscalía General de la Nación, impartir las órdenes necesarias para avanzar con la investigación de los hechos descritos y la identificación y judicialización de los responsables de estas amenazas, así como de los hechos previos que afectan a otros y otras integrantes de la Alianza, y que son de pleno conocimiento del ente investigador.

3. A la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal de Puerto Wilches, activar los canales y rutas institucionales de acompañamiento a las organizaciones de la Mesa Ambiental de Puerto Wilches y la Alianza Colombia Libre de Fracking. Así mismo a la Defensoría del Pueblo, emitir una alerta temprana considerando el riesgo que corren las y los defensores ambientales en Puerto Wilches y el Magdalena Medio, en particular por la implementación de los pilotos de fracking.

4. Al Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), suspender la Audiencia Pública en el trámite de licenciamiento ambiental del Proyecto Kalé programada para el 22 de febrero, ante la falta de condiciones de seguridad para garantizar la participación adecuada de la comunidad, el derecho al acceso a la información y al “debido proceso” en decisiones que son fundamentales para el futuro de sus territorios.
---------------------------------

[ENGLISH VERSION]

The undersigned national and international organisations reject the threats and intimidation suffered by members of the Colombian Alliance Against Fracking, activists who defend their territories against attempts to develop fracking projects promoted by the Colombian Government, and the companies Ecopetrol and ExxoMobil, in the municipality of Puerto Wilches (Santander) and the Magdalena Medio region of Colombia.

The opposition to fracking in Colombia led by the Alliance, a broad and plural platform of more than 100 social, popular and community organisations and processes throughout the country, has managed to stop for several years the start of this type of extractive projects for the good of local and global communities in the context of the climate crisis, but at an enormous cost for social leaders who suffer continuous threats from armed organisations that operate in the territories where this dangerous activity is to be carried out.

The Colombian Alliance Against Fracking denounces that the state company Ecopetrol, with the support of government entities, is seeking to obtain the environmental license for the first fracking "pilot project" called Kalé, located in the municipality of Puerto Wilches (Santander), with the objective of giving free rein to this type of exploitation in the country before the end of the period of the present government. In the aforementioned licensing, there have been multiple violations of "due process" and the right to citizen participation (atypical hearings, abnormal reduction of process times, among other anomalies), which have further increased opposition to the Kalé project, and in general to fracking in the region and the country.

In this context, peaceful protests were held first on February 6 in front of the Ecopetrol facilities in Barrancabermeja, and the following day, at the "information meeting" prior to the public hearing on February 22, organized by the National Authority for Environmental Licenses (ANLA) and Ecopetrol, in the municipality of Puerto Wilches. Although the protests were carried out in peace, impregnated with the colours and music characteristic of the region, the Ecopetrol company issued a statement misrepresenting the action by stating that: "the protesters broke into the place and prevented the citizens from entering, and attacked with stones the logistics personnel, affected the transmission equipment and forced their way into the Ecopetrol master.” These false accusations, which stigmatize and criminalize the right to peaceful protest, triggered violent actions against members of the Puerto Wilches and the Alliance organisations.

On the same February 7, paramilitary groups calling themselves Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) and Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), intensified their threats against the leaders, opponents and people involved in the resistance to fracking in the region, distributing two pamphlets in social networks that threaten leaders with their own name, in addition to telephone calls and direct contact with death threats that involved the emergency displacement of two companions.

Given the seriousness of the situation, the signatory organizations demand:

1. To the National Government of Colombia and regional and municipal authorities, provide all the necessary guarantees so that the different organizations that make up the Puerto Wilches Environmental Roundtable and the Colombian Alliance Against Fracking can exercise their rights to life, personal integrity, free expression, the meeting and public and peaceful protest, in opposition to the fracking pilots, in the different legal actions, advocacy and mobilization that are considered necessary.

2. To the Office of the Attorney General of the Nation, issue the necessary orders to move forward with the investigation of the events described and the identification and prosecution of those responsible for these threats, as well as the previous events that affect other members of the Alliance, and that are fully known to the research entity.

3. To the Ombudsman's Office and the Personería Municipal of Puerto Wilches, activate the channels and institutional routes of accompaniment to the organisations of the Environmental Table of Puerto Wilches and the Colombian Alliance Against Fracking. Likewise, to the Ombudsman's Office, issue an early warning considering the risk that environmental defenders run in Puerto Wilches and Magdalena Medio, in particular due to the implementation of fracking pilots.

4. To the Ministry of the Environment and the National Authority for Environmental Licenses - ANLA, to suspend the Public Hearing in the process of environmental licensing of the Kalé Project scheduled for February 22, due to the lack of security conditions to guarantee the adequate participation of the community, the right to access to information and to “due process” in decisions that are fundamental for the future of their territories.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Organización / Organisation *
País / Country *
Correo electrónico / Email *
Nombre de la persona que firma a nombre de la organización / Name of the person signing on behalf of the organisation *
¿Tienes algún comentario? / Do you have any comments?
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Censat Agua Viva. Report Abuse