Al Ministro de Educación de la Nación, Mg, Jaime Perczyk
Al Sr. Presidente del CIN, Dr. Enrique Mammarella:
Quienes suscribimos, docentes de las universidades nacionales,
nos dirigimos a Uds. con el fin de solicitarles la inmediata reapertura de la
Mesa de Negociación Salarial.
Motiva la presente solicitud el retraso de nuestros haberes
respecto de la escalada inflacionaria y, en general, la baja valorización
salarial respecto de la complejidad del trabajo de enseñanza, investigación,
extensión y transferencia que realizamos cotidianamente en nuestros lugares de
trabajo (aulas, laboratorios, terreno, institutos, etcétera) y en función de
nuestra formación que implica siempre estar en la frontera del conocimiento. La
actividad académica además de la formación profesional, forma cuadros para las
disciplinas, produce innovación científica y tecnológica, y, en general, forma
las ciudadanas y los ciudadanos que nuestro país necesita. Nuestra actividad
que suele reconocerse como la profesión que forma las demás profesiones no
tiene un correlato de reconocimiento salarial.
La paritaria de este año no resuelve el atraso salarial de
nuestro sector. El 30 % que el Ministerio de Educación de la Nación impuso para
el semestre enero-junio, cumpliendo así el tope que fijó el Ministro Massa,
estará por debajo de la inflación del período que el Banco Central establece en
el 42 %. Prueba de ello es que la primera cuota en que se segmentó ese 30 %, el
16% de actualización salarial de marzo, es menor que la inflación acumulada del
primer trimestre (enero a marzo) que supera el 20 %. Esa primera cuota,
entonces, deja el salario por debajo de la inflación y no se prevé ninguna
cuota para el mes de abril. En mayo cuando se cobre la segunda cuota, 7% que no
es acumulativo, la diferencia entre salario e inflación será otra vez del orden
del 15 %. Cuando se cobre la tercera cuota, 7 %, no se logrará una compensación
de la pérdida salarial. Todos deseamos que la inflación baje, pero la realidad
es que la inflación se sostiene y, es más, aumenta. Por ello, en coincidencia
con lo que plantea el Gobierno Nacional, para que nuestros salarios le ganen a
la inflación debe convocarse a una nueva reunión paritaria y pautar un
incremento salarial que haga realidad ese planteo.
Otra evidencia de que nuestros salarios están muy atrasados
respecto de la inflación es el alcance de la Garantía Salarial Docente (GSD)
respecto del nomenclador universitario y preuniversitario. Los salarios del
Nomenclador Universitario están tan desvalorizados, que ahora, 4 de las 5
categorías del Nomenclador Universitario no alcanzan el “piso” garantizado,
para 9 de los 12 segmentos de antigüedad. Por eso, un Profesor Asociado con menos de 5 años de antigüedad, un Profesor Adjunto con menos de 10 años, un Jefe de Trabajos Prácticos con menos de 15 años y un Auxiliar con menos de 20 años de antigüedad cobrarán el mismo salario neto. Diferentes funciones, responsabilidades y trayectorias
cobran el mismo sueldo. Esto, deforma el nomenclador “por abajo” y pone en
crisis la carrera docente. Además, por primera vez en años también serán
alcanzadas por la GSD categorías del nomenclador preuniversitario. A tal punto
es el retraso, que hay salarios docentes por debajo de la GSD en universidades
en las que se percibe adicional por zona desfavorable. Además, el salario neto
del Auxiliar de 2da queda cada vez más desfasado respecto del resto de las
categorías pues no está incluido en la GSD.
Otra situación claramente injusta es que aunque nuestros
salarios perdieron poder adquisitivo los mismos son alcanzados por el impuesto
a las ganancias. Ni siquiera se recibió una propuesta, como se hizo con otros
sectores, para desgravar ítems salariales como antigüedad, título de posgrado o
zona desfavorable. Se ha reconocido la importancia de los mecanismos de
promoción para que nuestro país se involucre cada vez más en la economía del
conocimiento y, uno de sus núcleos, la universidad y quienes producen
conocimiento de frontera son desatendidos.
La situación de pérdida de poder adquisitivo repercute en el
sector de docentes jubiladas y jubilados pues sus haberes se alejan del 82 % y
85 % móvil que deben cobrar. También
ocasiona el desfinanciamiento de las prestaciones de salud, dado que las
direcciones de obras sociales y las obras sociales universitarias se sostienen
con el porcentaje correspondiente a nuestros salarios; cuestión que se agudiza
porque el mercado de insumos médicos está desregulado y los incrementos de
precios están muy por encima del nivel general de la inflación.
Finalmente, frente a este conflicto que es nacional, en defensa
de los salarios y condiciones de trabajo de los casi 200 mil docentes de nivel
universitario y preuniversitario, expresamos el rechazo a cualquier limitación
de nuestros derechos constitucionales de organización, petición, manifestación
y huelga. Rechazamos los descuentos de días de paro que realizó la Universidad
de Buenos Aires, la amenaza de descuento de los días de paro del rectorado de
la Universidad Nacional de Cuyo y el reclamo de conciliación obligatoria
requerido por el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba.
Exigimos: