[Aberto para adesões individuais e institucionais. Prazo máximo: sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021 às 18h - horário de Brasília]

Estimado Señor Fernando García Casas
Embajador de España en Brasil

Ref: Protección de civiles en territorios ocupados del Sáhara Occidental

Excelentíssimo señor García Casas,

Las organizaciones y personas abajo suscritas hacemos llegar a usted nuestra preocupación sobre la situación de los activistas y periodistas saharauis que viven en las ciudades ocupadas del Sáhara Occidental, bajo control del Estado marroquí.

En las últimas semanas, incontables fueron las noticias y relatos sobre ataques de las fuerzas de seguridad a civiles que, en manifestación de su libertad de pensamiento y expresión, condenan y denuncian la ilegal ocupación de su territorio.

Un ejemplo dramático es el de la reconocida activista Sultana Khaia, quien recientemente se sometió a tratamiento médico en España y, desde su regreso a la ciudad ocupada de Bojador a finales de 2020, viene sufriendo ataques diarios por parte de la policía y agentes de seguridad no identificados.

Relatos e imágenes obtenidos por colectivos locales de comunicación como Nushatta Foundation y Equipe Media muestran el momento en el que ella y su familia son cobardemente atacados con piedras en la puerta de su casa. Cabe destacar que Sultana, quien perdió un ojo durante la represión policial en una protesta estudiantil, está impedida de dejar su residencia por estas mismas fuerzas de seguridad, en una especie de prisión domiciliaria absolutamente ilegal y al margen del sistema de justicia.

Las evidencias de abusos se multiplican cada día. Muchos activistas están en la misma situación de arresto domiciliario extralegal, como el que fue impuesto a los miembros de la organización Instancia Saharaui Contra la Ocupación Marroquí (ISACOM); o bien sufriendo amenazas de detención, desaparición o asesinato, como viene sucediendo con periodistas de Equipe Media y Nushatta Foundation.

La grave situación de los y las saharauis en territorios ocupados por Marruecos siempre ha sido motivo de preocupación por parte de organismos de defensa de derechos humanos, y está ampliamente documentada. Sin embargo, el acoso y la persecución política han sido agravados con el fin del alto-fuego por Marruecos y la retomada de los enfrentamientos militares en la frontera el pasado noviembre.

Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch vienen expresando su creciente preocupación por la situación en las ciudades ocupadas, así como el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria (UNWGAD).

En el início de febrero de este año, el órgano demandó la liberación inmediata del jóven periodista saharaui Walid Salek El Batal, arrestado en el año de 2019, y afirmó que existe, en el Sáhara Occidental ocupado, un esquema de detenciones de activistas saharauis favorables al derecho de autodeterminación de su pueblo, además de prácticas discriminatorias que vulneran sus derechos humanos.

“El Grupo de Trabajo observa que existe una práctica generalizada de abusos contra personas como el Sr. El Batal, que defienden el derecho a la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental. El Grupo de Trabajo recuerda sus anteriores decisiones relativas a los saharauis y la constatación de que las personas afectadas por dichas decisiones habían sido discriminadas.”

Estas conclusiones se suman a muchos informes anteriores de las Naciones Unidas, que atestan las sistemáticas violaciones de derechos fundamentales por parte del aparato represivo del estado marroquí, en particular en sus cárceles y comisarías. Un ejemplo es el extenso documento producido en el año de 2013 por el mismo UNWGAD sobre la prisión del activista saharaui Mohamed Dihani, que deja patente la materialidad y extensión de la práctica de tortura en las cárceles del país.

Otro caso emblemático es el del periodista Mohamed Lamine Haddi, condenado a 25 años de prisión (de los que ha cumplido más de diez) por participación en el campamento de Gdeim Izik en el 2010. Lleva 3 años en aislamiento y está desde hace más de un mes en huelga de hambre para denunciar las terribles condiciones a la que es sometido.

Todo esto, vale subrayar, sucede sin cualquier intervención por parte de la Cruz Roja, que hizo su última visita a los territorios ocupados en el 2001, pese a los sucesivo llamamientos por parte de grupos civiles saharauis y del Frente Polisario.

Le recordamos que la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada por España y también por Marruecos, garantiza la posibilidad de comunicar al Comité contra la Tortura cualquier incumplimiento de las disposiciones de dicho tratado por parte de otros Estados miembros. Como se ve, estas son algunas de las consecuencias del hecho de que los saharauis siguen sin protección, una vez que ni siquiera la misión de paz, la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), en el territorio ya hace tres décadas, tiene en su mandato la supervisión de la situación de los derechos humanos del pueblo bajo ocupación.

Reforzamos que es imprescindible garantizar la seguridad y la integridad física de los saharauis que viven en territorios ocupados. No cabe duda de que su vida depende de la presión que los principales socios políticos y comerciales de Marruecos puedan ejercer para garantizar su protección, y este es inequívocamente el caso de España.

Quisiéramos recordarle que, de acuerdo con tres fallos de la Asamblea Nacional, el Estado Español todavía es la potencia administradora responsable por el proceso inconcluso de descolonización del Sáhara Occidental.

Por lo tanto, no se trata apenas de la protección a los vínculos históricos, políticos y humanos que España detiene con la población saharaui, sino y sobretodo de una responsabilidad jurídica que debe materializarse en una posición firme e intransigente en favor del respeto a los derechos humanos y al proceso de descolonización del territorio.

Es con el máximo respeto y mucha preocupación que nos dirigimos a usted. Le rogamos que los recientes acontecimientos sean acompañados con el máximo rigor por parte del gobierno español y que se haga todo lo posible para garantizar el respeto a los derechos humanos en territorios ocupados.

Estamos a pocos días de la fecha que marca la fundación de la República Árabe Saharaui Democrática, el 27 de febrero de 1976, y asistimos al triste regreso del conflicto armado, en una clara evidencia del fracaso en el proceso de descolonización. Ya han pasado 46 años. Nunca fue tan urgente que el Estado español reasuma su deber histórico y jurídico, y garantice la libertad y la protección del pueblo saharaui.

La sociedad civil brasileña seguirá atenta al caso.