Ciudad de México, a 27 de marzo del 2020.

Hoy, la pandemia del COVID-19 en México ha puesto en la conversación y en evidencia las necesidades particulares de grupos poblaciones específicos, así como la imperante necesidad de considerar y diseñar acciones diferenciadas para que la respuesta sea rápida, humana, apegada siempre a un marco de derechos humanos. Este momento de emergencia es una oportunidad para enfrentar e impedir que se agudicen las brechas de desigualdad en México.

Expresamos nuestra preocupación por las consecuencias sociales que se pueden derivar de las medidas tomadas en respuesta frente a la Pandemia  COVID-19 y que tendrán un efecto multiplicado en comunidades rurales e indígenas  que se encuentran en extrema pobreza. La pandemia del COVID-19 no es sólo una cuestión sanitaria y reconocemos el  reto de diseñar acciones que mitiguen los impactos negativos de las decisiones tomadas para contener el brote y reducir el riesgo de contagio en la población que enfrentan mayores  vulnerabilidades.

Con base en lo anterior, hacemos un llamado urgente a las autoridades Federales, Estatales y Municipales, además de apelar a la responsabilidad social de las empresas y bancos, para asegurar la seguridad y bienestar, particularmente, de las comunidades rurales e indígenas frente a las siguientes situaciones:

1. Asegurar información. Que las comunidades de alto y muy alto grado de marginación cuenten con la información necesaria respecto a las medidas de prevención y atención de contagios y en consecuencia, implementar adecuadamente el protocolo a seguir en caso de presentar síntomas. Es importante asegurar la pertinencia cultural de la información, considerando el desarrollo de materiales en  la lengua indígena de cada región, garantizando que pueda ser divulgada en distintos medios orales y escritos, considerando las altas tasas de analfabetismo, en especial de las personas adultas mayores y con mayor grado de vulnerabilidad.

2. Reconocer el rol y el liderazgo de las mujeres y jóvenes quienes hoy brindan aportes fundamentales frente al brote desde los distintos ámbitos de su acción, competencia y cuidado.  

3. Reforzar los esfuerzos de promoción para que el cuidado de las labores domésticas no se intensifique y recaigan en las mujeres. Nos sumamos a los diversos llamados hechos por OSC y colectivas para visibilizar la necesidad de repartir de manera justa de actividades del hogar entre hombres y mujeres.

4. Prevenir, vigilar y atender la violencia contra las mujeres y niñas, exacerbada por el confinamiento y la situación económica precarizada, así como su posible aislamiento en zonas rurales e indígenas.

5. Redoblar los esfuerzos para garantizar y continuar con las medidas de seguridad y las órdenes de protección, y que por el confinamiento o restricción de movilidad pongan en riesgo la integridad o vida de las mujeres y niñas.

6. Desarrollar un plan de prevención y atención a aquellas personas migrantes trabajadoras del campo (nacional y de Estados Unidos), que sin trabajo retornan a sus comunidades desde la mirada económica, este retorno y la reducción de remesas, implica que el ingreso familiar se verá inmediatamente afectado con repercusiones en el corto plazo para adquirir artículos de primera necesidad. En el largo plazo perpetúa y profundiza la situación de pobreza extrema. Desde la mirada social, puede crear una ruptura del tejido social que limite la co-creación de alternativas que beneficien y cuiden de todas y todos.

7. Fortalecer los protocolos de prevención a trabajadoras y trabajadores agrícolas que retornan a sus comunidades, por el riesgo de contagio potencial que representan, sin coartar su derecho a la movilidad y garantizando la protección de las comunidades receptoras. Considerar, además, mecanismos de reducción y solución de conflictos, pues las propias comunidades podrían buscar impedir la entrada de personas externas, frente al miedo de posibles contagios.

8. Exhortamos al Gobierno Federal, Gobiernos Estatales y Municipales a diseñar una estrategia de promoción del trabajo basada en un marco de derechos de las personas migrantes que están retornando a sus lugares de origen, así como de las personas en las comunidades donde sus ingresos están en el día a día. Cuidar la economía local es imperante, hoy más que nunca.

Es imperante que las estrategias Estatales y Municipales tomen en cuenta las recomendaciones antes mencionadas y  aseguren la perspectiva de género, la dignidad y los derechos humanos de todas las personas.

Hoy las y los ciudadanos de manera responsable hemos atendido las recomendaciones que a nivel global se han establecido, así como las que la Jornada De Sana Distancia ha promovido. Hoy toca a las autoridades  garantizar y asegurar que la respuesta a la emergencia de salud pública que enfrentamos, no deje afuera de las estrategias en los 3 órdenes  de gobierno, los derechos humanos de más de 9.4 millones de mexicanas y mexicanos que viven en extrema pobreza y alta marginación.

Las organizaciones firmantes hacemos un llamado al cumplimiento de estas propuestas.