Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI (publicada en el BOE nº 51 del 1 de marzo de 2023, en adelante, Ley 4/2023), Women’s Declaration International España denunciamos la vulneración de los derechos de las mujeres basados en el sexo, detallados en la Declaración sobre los derechos de las mujeres basados en el sexo impulsada por nuestra organización Women’s Declaration International, la cual se fundamenta en instrumentos de Derecho internacional de Derechos Humanos que son vinculantes para el Estado español (en virtud de lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española), los cuales son vulnerados por la Ley 4/2023.

En concreto, la Declaración reafirma los derechos de las mujeres basados en el sexo que están fijados en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 (CEDAW), ampliada en las Recomendaciones Generales adoptadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer y adoptada por la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993 (DEVAW), entre otras.

La CEDAW asigna a los Estados Parte la obligación de “adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer” (art.2 (f)), y a tomar, en todos los campos, “todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre” (artículo 3).

Por lo que, en virtud de estas disposiciones de la CEDAW, WDI España solicita al Gobierno de España la derogación de esta norma discriminatoria para las mujeres por vulnerar no sólo el principio constitucional de igualdad consagrado en el artículo 14 CE, sino también otros principios y derechos fundamentales protegidos por la Constitución Española.

España, 1 de marzo de 2023