Ciudad de Buenos Aires, enero de 2020



At. Señor
Ministro de Cultura de la Nación
Tristán Bauer
S./D.

Quienes suscriben, somos trabajadoras y trabajadores del Ministerio de Cultura cuya relación laboral se constituye a través de dos formas de contratación: Locación de obra (CLO) y Locación de Obra y Servicios (LOyS). Para acceder a estas formas de contratación hemos debido inscribirnos en AFIP bajo el régimen simplificado denominado Monotributo. El mismo nos ubica en la misma categoría que un cuentapropista que trabaja de manera independiente aunque no lo somos; abonando de nuestro bolsillo cargas sociales, impositivas y cobertura de salud para nosotras/os y nuestro grupo familiar. También y como requisito de contratación presentamos un certificado de antecedentes penales que se nos exige anualmente en cada renovación de contrato y cuyo costo absorbemos, además del mantenimiento de cuenta bancaria, necesaria para percibir el pago por nuestro trabajo.

Nuestro contrato es anual y se salda en 12 pagos fijos e iguales, conforme se certifican nuestras tareas mensualmente por la autoridad correspondiente y emitiendo una factura electrónica a nombre del Ministerio para tal efecto. A la vez integramos equipos de trabajo en diversas dependencias del Ministerio con compañeros y compañeras con quienes coincidimos en las obligaciones que le caben a todo/a trabajador/a, estando registrados/as en el sistema de control biométrico vigente, pero sin acceso a ninguno de los derechos laborales que asisten a nuestros pares: salario, obra social, aguinaldo, paritarias, presentismo, licencias (enfermedad, examen, maternidad, etc.), horas extras, acceso a unidades retributivas, vacaciones pagas, acceso a concursos, evaluaciones de desempeño, asignaciones familiares y ART en aquellos trabajadores que realizan tareas de mantenimiento y que implican un eventual riesgo de salud o vida.

Si bien poseemos muchos años de antigüedad en la planta del Ministerio -que puede llegar a más de 10 años- el organismo ha persistido, a pesar de nuestra voluntad, en mantener nuestra condición laboral en absoluta precariedad.

En síntesis, desempeñamos tareas normales, habituales y permanentes, de corte técnico-administrativo- profesional, en diversas dependencias que forman parte de la estructura orgánica del Ministerio de Cultura y que así están tipificadas en la otrora Oficina Nacional de Empleo Público, en su nomenclador de puestos y funciones.

Ahora bien, porque vivimos día a día, porque lo hemos sufrido los últimos cuatro años, conocemos la situación económica y social actual de emergencia y crisis de nuestro país; por eso creemos que es necesaria la mayor solidaridad entre compatriotas, especialmente con aquellos que hoy no acceden a un plato de comida ni pueden procurar sustento a su familia diariamente.  No somos ajenos/as a la realidad, pero esa solidaridad no deber ser a costa del bolsillo y estabilidad de los trabajadores.

Justamente, este colectivo, en virtud de la caracterización hecha al inicio, es el eslabón más débil de la cadena de trabajadoras/es del Estado.

Es por ello que frente a las determinaciones transmitidas por las/os delegadas/os gremiales, solicitamos:

- Comunicación formal de las decisiones que las autoridades toman y que involucra al conjunto de trabajadoras/es. La comunicación directa y clara evita rumores, malentendidos y supuestos que sólo alimentan con angustia y desazón a un colectivo que al día de la fecha asiste a sus puestos de trabajo sin contrato vigente.

- Renovación anual de los contratos. Sabemos de la decisión de establecer una renovación por tres meses de contratos, lo que genera angustia e incertidumbre entre los compañeros. Entendemos que la renovación trimestral obedece a una decisión política. Esta última excede cualquier perspectiva solidaria que la justifique. Confirmar nuestra continuidad laboral a través de la anualización de nuestros contratos es un aliciente que exigimos en tanto reconocimiento al rol de trabajadoras y trabajadores y como gesto humano para aliviar el día a día tanto en nuestros espacios de trabajo como para nuestros hogares y familias. Sobre este punto queremos recordar que de no mediar una definición inmediata al respecto y dados los tiempos administrativos necesarios para dar de alta cientos de contratos, se corre el riesgo de no cumplir con los mismos. Esto último redundará en el no cobro de estos honorarios de enero durante los primeros días de febrero.

- Aumento de salario. La decisión de mantener el mismo monto del contrato anterior, con una inflación anual del 55%, sumado el aumento de la cuota del Monotributo del 51%, es un evidente recorte al poder adquisitivo de nuestro magro salario. Por tal motivo solicitamos un aumento del mismo tenor que a los trabajadores y trabajadoras encasillados en el Sinep. De esta forma, se evita la discriminación entre unos y otros trabajadores.

- Bono a trabajadoras/es estatales. Solicitamos se instrumenten las herramientas necesarias para que nuestro colectivo acceda a las mismas compensaciones que pudieran percibir los trabajadores del Sinep. En línea con las medidas de gobierno nacional, le informamos que dentro del grupo de monotributistas hay compañeros que no están cenando o dependiendo de ayudas de alimentos para sus hijos.

- Conformación de una mesa de trabajo para facilitar el cambio a la modalidad de contratación, que nos enmarque en Artículo 9 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Empleo Público (Ley 25164 - Decreto 214/06), reglamentada por la Resolución N° 48, lo que redundaría en una menor precarización.

Finalmente, quienes abajo firman, no solo conforman el colectivo que suscribe la presente solicitud, sino que en franca solidaridad, acompaña esta presentación, todo el conjunto de trabajadoras y trabajadores de este Ministerio sin distinción de tareas ni modalidad de contratación o situación de revista.

Esperamos comprensión de su parte y aprovechamos la oportunidad para saludarlo atentamente.