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La Paz 29 de octubre 2022,
Señor:
Luis Arce Catacora
Presidente Estado Plurinacional de Bolivia
Atención
David Choquehuanca
Vicepresidente Estado Plurinacional de Bolivia
Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Ref.:
Anulación inmediata
del acuerdo entre FECOMAN, Sernap y MMAyA para ingresar a destruir las APs
Madidi, Cotapata y Apolobamba.Señores:
Ante el acuerdo
estatal irresponsable, abusivo e inconstitucional de modificación de Planes de
Manejo y re zonificación de nuestras Áreas Protegidas Nacionales para el
capricho minero, lo que significa un potencial desastre para la conservación de
la biodiversidad y el equilibrio ecosistémico, además de impulsar el genocidio
de los pueblos indígenas ya afectados por la minería y un gran atentado a la
salud pública de las y los bolivianos.
Ante el
incumplimiento de lo establecido en él Convenio de Minamata y el compromiso por
reducir uso de mercurio en todo tipo de actividades, incluida la minería, a
pesar de haber recibido fondos por más de 5 millones de dólares de la
cooperación internacional para elaborar un plan e implementarlo.
Ante la afrenta
desmedida de impulsar la minería en áreas protegidas como la firma del acta del
13 de septiembre de 2021 entre el director ejecutivo del SERNAP, Teodoro Mamani
y la ex directora de la AJAM Brenda La Fuente, donde acordaron “proseguir” los
trámites y “recurrir a todos los medios necesarios” para que los
cooperativistas con “derechos preconstituidos” legalicen la extracción de oro
en las áreas protegidas Madidi, Cotapata y Apolobamba. Viabilizando 93 trámites
de operaciones mineras en las tres áreas protegidas.
Ante lo mencionado
como sociedad civil organizada, plataformas, colectivxs, investigadores,
científicos comprometidos con la defensa de todas las formas de vida, los
derechos constitucionales de la Madre Tierra y de los Pueblos Indígenas,
rechazamos y enunciamos:
PRIMERO:
Rechazamos enfáticamente las políticas de incentivo al
sector de la minería aurífera, por atentar contra los derechos de los pueblos
indígenas y de la Madre Tierra en tanto los procesos de consulta y el cuidado
del medio ambiente.
SEGUNDO: Denunciamos que las cooperativas mineras auríferas están
vulnerando los siguientes derechos de lxs bolivianos y pueblos de la Amazonía:
a la Salud; a vivir en un medio ambiente sano; al agua; a la consulta previa,
libre e informada; al territorio, y; a la libre determinación.
TERCERO:
Rechazamos que el gobierno permita a los mineros
auríferos tributar en un 4,8% del valor bruto, en tanto que un ciudadano común
debe pagar el 15,5%.
CUARTO:
Rechazamos la inacción de gobierno ante el
envenenamiento sistemático que los cooperativistas realizan con el uso de
mercurio sobre los ríos y los habitantes de los pueblos de la Amazonía.
Envenenamiento con altas concentraciones de mercurio que han llegado ya a las
ciudades de El Alto, La Paz, Lago Titicaca, cuenca del Río Katari, cuencas del
Río Mamoré, Iténez y varios ríos de la cuenca del Plata. Esto ha sido
denunciado incluso por el Relator Especial de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas. Nos negamos a ser la Minamata de Sudamérica.
QUINTO:
Denunciamos que el negocio del comercio de mercurio,
minería legal, ilegal y artesanal va adquiriendo características propias del
crimen organizado. con la complicidad de autoridades que no hacen nada por
regularlo.
SEXTO:
Denunciamos la complicidad del Estado con el poder
minero que tiene al país secuestrado porque desde el 2018 se rechazan múltiples
peticiones de informes y se bloquea cualquier propuesta de ley o normativa que
controle la desbordante contaminación, abusos y destrucción causada por la minería.
La Ley Minera N° 535 no es suficiente para cumplir con el “objeto de regular
las actividades minero metalúrgicas [...] de manera responsable, planificada y
sustentable” (Ley 535; Art. 1), lo mismo que la AJAM y el SERNAP para cumplir
con los valores del Estado Plurinacional definidos en el Art. 8, parágrafo II
de la Constitución. La magnitud de los daños para el futuro de los pueblos
de la Amazonía boliviana, particularmente la de los pueblos indígenas, muestran
que la minería aurífera está fuera del control en Bolivia.
SÉPTIMO:
Denunciamos que la minería cooperativizada no funciona
según lo establecido en la Ley de Cooperativas, porque explota a sus
trabajadorxs, en un gran número jóvenes, mujeres y niños, que ante un Estado
ausente de incentivos laborales sustentables recurren a estas actividades.
OCTAVO:
Denunciamos que detrás de la minería se está
reproduciendo una lógica social perversa,
donde estos personajes, en su mayoría varones, creen tener el derecho
absoluto a invadir comunidades, territorios y ciudades con dinamita, mercurio y
violencia sistémica ecocida. No es raro que la actividad minera cooperativista
haya generado un circuito de trata de personas y prostitución. Estamos frente a
la construcción de un colonizador local cómplice de las corporaciones mineras
internacionales.
NOVENO:
Denunciamos que los planes de minería de oro
descontrolada, combinada con hidroeléctricas, fracking y carreteras fomentadas
por capitales extranjeros en las APs son muerte y crisis a corto plazo. NO SON
DESARROLLO NI BIENESTAR.
La minería cooperativizada no
puede ser considerada como una actividad “productiva social” (CPE, Disposición
Transitoria Octava, parágrafo IV); ya que sus impactos negativos en la salud y
los ecosistemas limitan seriamente el desarrollo de las actividades productivas
agropecuarias y pesqueras en toda la Amazonía Norte de Bolivia. Por lo tanto,
los derechos pre-constituidos de las cooperativas auríferas no debieran recibir
reconocimiento ni respeto alguno por parte del Estado, puesto que actualmente
estas operaciones van en contra de los fines definidos en la Constitución
Política del Estado (Art. 9).
La defensa de la Madre Tierra no es una cuota política para
acceder a fondos o un estorbo, es la última frontera antes de la extinción. Por
lo tanto, no vamos a permitir que se sigan modificando los Planes de Manejo y
la zonificación de las Áreas Protegidas Nacionales para favorecer sectores
extractivistas.
A nosotrxs sí nos
importa lo que está sucediendo con nuestras hermanas y hermanos Esse Eja,
Uchupiamonas, Mosetenes, Tacanas, Chimanes, Lecos y con sus territorios.
Sí nos importa la
situación de abandono y presión que viven los guardaparques en este país,
producto del nepotismo de la institucionalidad gubernamental.
Sí nos importan las
millones de especies que viven cada día más cercadas y envenenadas con el
permiso de un gobierno que fomenta el extractivismo capitalista y decadente,
que se ha desconectado de la naturaleza por su ambición sin límites. Nos
preocupa la destrucción de la Amazonía Boliviana, por eso frente a ello nos
pronunciamos:
1. Exigimos
al Gobierno parar el impulso a la minería aurífera que está atentando a uno de
los ecosistemas más sensibles de Bolivia, que es parte de los ciclos de recarga
natural de agua.
2. Exigimos al
Gobierno crear un plan sustentable de protección para la región amazónica
boliviana que garantice tanto la remediación de las zonas afectadas, como
desarrollar políticas que lleven al añorado “vivir bien” de los pueblos que la
habitan.
3. Exigimos al gobierno revertir las concesiones mineras en áreas
protegidas y declarar emergencia ambiental en los ríos afectados por la
minería.
4. Exigimos al gobierno que respete y haga
respetar la Constitución Política del Estado y las leyes sectoriales sobre los
Derechos de la Madre Tierra y el Convenio de Minamata. Preservando la esencia
de los mandatos constitucionales, protegiendo la base fundamental para el
sustento de nuestra existencia, poniendo ante todo la defensa de la vida.
ANTE TODO LO EXPUESTO RESOLVEMOS:
1. Exigir la anulación inmediata
del acta y acuerdos del 27 de octubre del 2022 entre FECOMAN, Sernap y MMAyA para ingresar a destruir las APs
Madidi, Cotapata y Apolobamba.
2. Exigimos la DESTITUCIÓN INMEDIATA de Teodoro Mamani como director del
Servicio Nacional de Áreas Protegidas, y de Magín Herrera Lopez, Viceministro
de Medio Ambiente, Biodiversidad,
Cambio Climático y de Gestión y Desarrollo Forestal, por haber incumplido flagrantemente sus funciones para defender
las áreas protegidas en el país.
3. Resolvemos iniciar movilización permanente en
coordinación con los pueblos indígenas, comunidades y ciudades afectadas.
4. Resolvemos iniciar acciones
legales de defensa legal.
¡NUESTRO DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y LA SALUD NO
SE NEGOCIAN!
