CARTA ABIERTA A REPRESENTANTES DE SAN JUAN EN EL SENADO DE LA NACIÓN
Las y los abajo firmantes, ciudadanas y ciudadanos de diversas edades, trabajos, profesiones, condiciones y elecciones de vida, nos dirigimos a la senadora Cristina López Valverde y a los senadores Roberto Basualdo y José Uñac, responsables de representar a las sanjuaninas y los sanjuaninos en la inminente votación por la legalización del aborto en la Cámara Alta del Congreso de la Nación.
El aborto legal, seguro y gratuito es un derecho que demandamos las mujeres y otras personas gestantes en nuestro país desde hace décadas. Queremos acercarles, entonces, algunas razones y fundamentos sobre este tema, muy presente en la sociedad, y que ha generado debates y tomas de posiciones en todos los ámbitos. Estudiantes de prácticamente todas las escuelas secundarias públicas y privadas, de corte laico y religioso; personas de toda condición y procedencia en sus contextos de trabajo (desde los espacios laborales más precarizados e invisibilizados, hasta quienes ocupan lugares de referencia y cargos jerárquicos en la justicia, la salud, las ciencias, la comunicación, la educación, las artes) se han pronunciado para defender este derecho de maneras variadas y contundentes, en el deseo común de hacerse oír.
Es en este contexto social de efervescencia potente e irrefrenable, que queremos acercarles, senadores por nuestra provincia, el repaso de algunas cuestiones:
La ley por aborto legal, seguro y gratuito excede en mucho, consideramos, las cuestiones religiosas o filosóficas, en tanto no pretende violentar las convicciones de cada persona: cada quien puede decidir para sí según su creencia o razón de conciencia. Se trata de una ley que a nadie obliga,  pero que, en cambio, sí permitirá a quienes necesiten tomar esa decisión –por la razón que fuere– que lo hagan de modo seguro y gratuito dentro del marco de protección que ofrece la legalidad, en todo el sistema sanitario, tanto en instituciones públicas de salud, que se sostienen con los aportes de toda la ciudadanía, como en privadas, bajo cobertura obligatoria de las obras sociales.
En tal sentido, la sanción de esta ley permitirá equidad, especialmente para las mujeres en situación de pobreza, cuya condición vuelve imposible el pago de la práctica en clínicas privadas, exponiéndolas en su mayoría a procedimientos caseros riesgosos para sus vidas, o a acudir al mercado negro del aborto: un negocio extraordinario que practican, inclusive, médicos que públicamente se declaran «objetores de conciencia» en los hospitales públicos. Por ello, no se trata de estar (en lo personal) a favor o en contra del aborto en sí mismo. Se trata de decidir si el aborto va a seguir siendo clandestino (y por lo tanto el acceso a abortos seguros sea solo un privilegio de unas cuantas personas, en función de su situación socio-económica) o si, definitivamente, va a ser legal.
Se trata de la salud y de la encrucijada entre una decisión de vida y el riesgo de cárcel o, en el peor de los casos, de muerte, de quienes deciden abortar pese a todo. En nuestro país, los abortos existen y se estiman en un número que ronda entre 450 y 500.000 por año; segú cifras del Ministerio de Salud de la Nación hay más de 50.000 egresos hospitalarios anuales por esta práctica; también en nuestro país, las muertas por aborto clandestino fueron 44 en 2016. Este es un dato que, como todas y todos reconocen, está infravalorado por la misma situación de clandestinidad que lleva a ocultar las razones reales de los decesos. También es de público conocimiento que en los países donde esta ley está vigente han disminuido no solo la cantidad de muertes, sino también la cantidad de abortos realizados.
Por ello nos dirigimos a ustedes, para que sus discusiones en la Cámara Alta estén guiadas por la perspectiva de lograr mejores condiciones de vida en nuestra provincia. Está en sus manos la tremenda responsabilidad de evitar más muertes de mujeres y personas gestantes,  especialmente en los sectores populares, y de contribuir a disminuir el temor, la angustia, la presión social y el estigma que sopesa sobre quienes abortan en un contexto de ilegalidad. Está en sus manos la responsabilidad de reconocer a las ciudadanas como personas capaces de tomar responsablemente decisiones personales que atañen a su vida.
El proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (que cuenta ya con media sanción en la Cámara de Diputados) tuvo un debate extenso y profundo, con horas de exposiciones, de argumentos jurídicos, de salud, científicos y desde el ángulo de los derechos humanos. No es resultado de la improvisación. Fue elaborado por más de 300 organizaciones de mujeres y de la disidencia sexual, que pusieron su experiencia y conocimiento al servicio de una ley que garantice el derecho a la educación sexual para poder decidir, a la anticoncepción gratuita para evitar embarazos no deseados, y que demandan urgentemente Aborto Legal como legítimo derecho humano y en iguales condiciones para quienes lo requiera. Allí están, como testimonio, los días de debates extendidos en cada uno de los 32 Encuentros Nacionales de Mujeres (realizados desde 1986); allí están las firmas de más de 72 diputadas y diputados de todos y cada uno de los bloques parlamentarios que le dieron respaldo.
La población entiende esto y así se expresa en todo el país. Una gran parte de la población sanjuanina entiende y exige la legalización del aborto como una cuestión de salud pública. Además, la mayor parte de la sociedad ha dicho basta a la violencia de género (y la clandestinidad del aborto lo es), en cada marcha Ni Una Menos y en tantos otros espacios públicos pequeños y grandes. Lo mismo ocurre en nuestro país y en Latinoamérica toda se extiende nuestro grito, para que no haya ni una menos por aborto clandestino: porque no queremos ni una muerta más.
Ya nadie puede negarnos el derecho a decidir sobre nuestra sexualidad, obligarnos a enfrentar maternidades forzadas, y menos aún será posible hacerlo con nuestras hijas y sobrinas, con nuestras nietas; esas jóvenes que se rebelan en las calles y en todas partes, que llevan el pañuelo verde como bandera orgullosa porque saben que la soberanía sobre nuestros cuerpos es un derecho inalienable. No nos obliguen, y menos a ellas –las más jóvenes– a la clandestinidad, al miedo, a la vergüenza, a poner en riesgo su salud. No las empujen a la muerte.
Por todo lo expresado, entonces, es que no aceptaremos dilaciones y maniobras parlamentarias que retarden el reconocimiento de este derecho elemental que todavía nos deben. Nos dirigimos a ustedes como ciudadanas y ciudadanos de San Juan para pedirles su pronunciamiento claro y contundente a favor de la Educación Sexual Integral para Decidir; Anticonceptivos gratuitos para prevenir embarazos no deseados; Aborto Legal, Seguro y Gratuito para no morir y un buen vivir.