A un año de la Ruta Verde, campaña y plataforma por la despenalización legal y social del aborto, nosotras, más de 20 organizaciones e individualidades que integramos este espacio de articulación feminista, provenientes de diversos sectores sociopolíticos y territoriales de Venezuela, nuevamente nos unimos para la defensa de la vida de las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes en Venezuela. 

La criminalización del aborto es una forma de violencia basada en género imperante en Venezuela dentro del Código Penal. Reiteramos que poder decidir si continuar o no una gestación es un derecho humano reconocido por el Estado en múltiples acuerdos internacionales, y que la penalización del aborto vulnera los derechos a la vida, a la salud, el derecho de las niñas, mujeres y personas gestantes a vivir una vida libre de torturas y violencias patriarcales. 

En materia de aborto, nuestro país sostiene un marco legal de interpretación inconstitucional que contraviene tratados y acuerdos internacionales, suscritos por el Estado Venezolano, respecto a garantizar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y derechos reproductivos. 

Oficialmente, se reconoce que los abortos inseguros, practicados en un contexto de desinformación, soledad y miedo, son la tercera causa de mortalidad materna. A esto hay que sumar un importante subregistro de abortos clandestinos y la falta de estadísticas con respecto a las consecuencias sobre la salud  o tasas de morbilidad, convirtiéndose así en un problema de salud pública que no es objeto de políticas públicas.

Por otro lado, la penalización de aborto incide de forma diferenciada en el colectivo de mujeres. Las mujeres jóvenes y adultas empobrecidas y racializadas son las que padecen aún más la criminalización, la clandestinidad en condiciones inseguras, así como la estigmatización y el escarnio público. De esta manera los artículos del Código Penal que criminalizan el aborto contribuyen a acentuar las desigualdades sociales y hacer más pobres y vulnerables a las mujeres y niñas. 

La despenalización y legalización del derecho al aborto es salvar vidas, es crear condiciones de justicia e igualdad; es sembrar esperanza. La despenalización del aborto no obliga a nadie a abortar y garantiza a todas las personas gestantes los derechos a la vida y la salud. Descriminalizar el derecho al aborto significa dar un paso hacia la ejecución de políticas públicas que garanticen nuestros derechos sexuales y derechos productivos. 

Por lo expuesto, subrayamos y exigimos: 

1. Derogar los delitos sobre el aborto previstos en los artículos 430 (aborto procurado), 431 (aborto consentido), 433 (aborto agravado) y 434 (aborto por honor) del Código Penal. 

2. Introducción y discusión del Proyecto de Ley Orgánica sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, impulsado por organizaciones feministas de la Ruta Verde, en las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional durante el periodo 2022-2023. 

3. Promover el debate público, social, local y comunitario en torno al aborto, basado en los derechos humanos, en la ética y la evidencia científica, libre de consideraciones morales y religiosas como corresponde en un Estado laico. Los delitos de aborto son solo causa de muerte y lesiones incapacitantes que sufren desproporcionadamente las/es más vulnerables. 

¡Por la defensa de la educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto seguro y acompañado para no morir, somos Ruta Verde!