• El diálogo construye ciudadanía;
• Los acuerdos nos potencian como actores sociales y contribuyen a visibilizar nuestro hacer en esta coyuntura;
• Los espacios colectivos nos fortalecen y son fundamentales para incidir en el diseño, gestión y ejecución de políticas públicas que faciliten el acceso a derechos de los sectores más postergados de la población;
• Las organizaciones sociales y comunitarias NO reemplazan al Estado, lo complementan en algunos casos, e interpelan la agenda de necesidades, derechos y sus formas de resolución; enriqueciendo la democracia y fomentando la participación social.
• Los derechos humanos; la perspectiva de géneros y diversidades; el paradigma de niñas, niños y jóvenes, personas mayores y con discapacidad como sujetos de derechos; el respeto y cuidado al medio ambiente, son enfoques transversales a nuestros diagnósticos, posicionamientos y propuestas.

• La pérdida de fuentes de trabajo y el aumento de la pobreza y desigualdad social surgen claramente como los principales efectos negativos del contexto de pandemia. A lo que se suma una insuficiente presencia del Estado.
• Las necesidades de subsistencia (vinculadas a la alimentación y abrigo); la interrupción de actividades deportivas, recreativas y culturales; la exclusión digital, las dificultades de acceso y desvinculación de la educación de niñes y jóvenes, la falta de acceso a una vivienda digna, son las principales problemáticas visibles en los territorios.
• En el interior de la provincia estas problemáticas se viven de manera diferente según la región y respecto a la Capital. Las particularidades tienen que ver con la diversidad de espacios rurales y urbanos, la cultura de los pueblos de cada punto de la provincia y la presencia del Estado en ellos.
• La falta de información pública, el desigual acceso a esa información son aspectos de un mismo problema con dos consecuencias a destacar: a) dificulta el acceso de la población a recursos del Estado para paliar la situación de crisis; b) se pierde la posibilidad de participar activamente en espacios de concertación entre la sociedad civil, el sector privado y el Estado.
• La burocracia se constituye en obstáculo para el acceso a derechos en situaciones de crisis y emergencia. La complejidad, cantidad y tiempo que insumen los trámites requeridos para acceder a recursos del Estado -tanto para la población como para las OSC- es alta.
• La articulación entre las OSC y el Estado en este tiempo no ha sido la esperada. Con algunas excepciones, en general se percibe como insuficiente, incompleta y tardía. No hay una real inclusión de las OSC en instancias de elaboración o gestión de políticas públicas (PP) y se observan iniciativas y propuestas desde la sociedad civil que quedan sin respuesta del Estado.
• En contrapartida, se activaron y fortalecieron las redes locales. La solidaridad entre vecinos y vecinas  y la organización de la comunidad para sostener y acompañar, permitió enfrentar algunos de los obstáculos emergentes en el acceso a derechos a partir del esfuerzo y compromiso entre pares

Es necesario actuar conjuntamente y generar nuevas propuestas y espacios de participación y concertación con el Estado y el sector privado.

Abogamos por un Estado presente que asuma como necesario garantizar:
• Políticas públicas universales con acceso federal y sin criterios partidarios; dentro de las que se destaca la discusión de un salario único universal;
• La articulación fluida de los tres niveles del Estado (nacional, provincial y municipales) en el diseño y ejecución de políticas públicas, trabajando con protocolos operativos unificados;  
• Una coordinación ágil con OSC para la atención de situaciones urgentes, disminuyendo la burocracia, simplificando procesos para la concreción de acciones y proyectos mancomunados;
• El reconocimiento del aporte de las organizaciones en los territorios,  sin criterios clientelares;
• La institucionalización de un fondo, con procesos y procedimientos que garanticen el acceso a programas y recursos a todas las organizaciones sociales y comunitarias del país (OSC);
• La promoción del trabajo en redes multiactorales en los territorios, sin discrecionalidad, con participación de las organizaciones de la sociedad civil como una apuesta al crecimiento de la vida en democracia;
• La construcción de diagnósticos participativos para organizar la asistencia y asignar recursos en los territorios, como estrategia para garantizar una mayor eficiencia y eficacia en la resolución de problemas concretos.
• La circulación de información pública como derecho de la ciudadanía en todas las regiones de la provincia.
• El trabajo urgente en materia de derecho a la educación de calidad (incluye inversión en tecnología y conectividad para las escuelas), medio ambiente sano y hábitat digno, teniendo en cuenta las anteriores premisas.
• La promoción del reciclado y el uso de energías renovables como una de las estrategias de cuidado y respeto del medio ambiente, generando las estructuras y procesos que contengan buenas prácticas ecológicas de individuos y grupos.

• Instamos al Estado a replantear el modo en el que se vincula con las OSC, a generar nuevas estrategias que seriamente estén asentadas en valores de cooperación para la construcción de políticas públicas inclusivas y en pos del bien común.

• Invitamos al sector privado a sumarse a espacios de trabajo conjunto en los que diseñar y ejecutar acciones que contribuyan en el mejoramiento de la calidad de vida de la población en situación de pobreza, con el objetivo de disminuir desigualdades en el acceso a derechos.

• Convocamos a las OSC a capacitarnos para actuar en este tiempo que requiere de organizaciones ágiles, flexibles y comprometidas. Es imprescindible participar en instancias de formación para ajustar cuestiones administrativas, contables y legales que como organizaciones debemos conocer para que no sean un obstáculo en nuestros vínculos con el Estado, otras organizaciones sociales y actores con los cuales interactuar para construir una sociedad más justa y equitativa.

Primeras firmas:
Organizaciones del interior de la provincia: Santiago Turco por Club atlético y filodramático Alicia (Alicia); Ana Servidio por Biblioteca popular Nicolás Avellaneda (Cosquín);  Maria Karina Lucero por Fundación Centro de Protección Familiar (La Falda); Lourdes Vallejos por Mariposas Naranjas (Laguna Larga); Natali Caballero por Merendero Malvinas (Pilar); Marina Castellino por Fundación Líderes de Ansenuza (Miramar de Ansenuza); Roxana Piñeiro por Fundación Suyai  (Pilar); Veronica Pipino por Fundación Santiago Yuni (Río Cuarto); José Alberto Peralta por Fundación Participación y Desarrollo Ciudadano – FUNPADEC (Saldán); Natalia Colautti por Fundación Hölderlin (San José de la Quintana); Rocío Fatyass por Centro de Educación Popular para la Infancia y la Adolescencia- CEPIA (Villa María); Paula Inés Pavcovich por Biblioteca Popular Paulo Freire (Villa María).

Organizaciones de Córdoba Capital: Claudia Virginia Giner por Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal (CECOPAL); Norma Aldecoa por Asociación civil Pasito a Pasito; Juan Martín Gabutti por Alimendar Córdoba (Asociación Civil); Edna Marysel Segovia por Servicio Habitacional y de Acción Social (SEHAS); Isaac Moreano por Educa Más; CELIA MANSILLA por Centro vecinal barrio GRAL ARENALES; Gladys Colmenares por Asoc Civil Vanguardia Femenina; Gustavo Gentile por Asociación civil La Hora de los Pueblos; Lonatti Gustavo por Fundación de acción solidaria (Fundasol); Jorge Daniel Scarpino por Fundacion Milagros de Córdoba para chicos con discapacidad; Anibal Elbaum por Fundación Kimen; Lucio Scardino por Asociación de Vivienda Económica Maria Luz Maiztegui por Biblioteca popular Mi Jardin; Paola Eugenia Nieto por Brisas de esperanza;  Paula Gialdi Svorcan por ASETEC; Fernando Saires por Las Margaritas en Acción; Anahi lazzarone por Mujeres protagonista; Patricia Patiño por Medalla Milagrosa-Asociación Civil.
Córdoba, 2021.