Se valora y reconoce las primeras palabras del Presidente encargado, Ing. Francisco Sagasti: “No podemos devolver a la vida a estos jóvenes, pero sí podemos evitar que esto vuelva a suceder. Podemos, además, apoyar a los heridos, algunos de ellos de gravedad. En nombre del Estado, pedimos perdón a sus familiares, a ellos y a todos los jóvenes que marcharon para defender la democracia…”.

Los atropellos causados por las fuerzas del orden han tenido un enorme costo en cuanto a la salud y la vida de quienes protestaron, mayormente jóvenes, quienes hacían uso de un derecho reconocido constitucionalmente en defensa de nuestra precaria democracia y contra la imposición del Congreso del ilegitimo y efímero “gobierno” de Merino. Con un lamentable saldo: 2 fallecidos, casos de secuestro y casi un centenar de heridos con distinto tipo y grado de afectación. En estos momentos, son sus familias que vienen asumiendo las consecuencias, no solo por el dolor de tener postrados a sus familiares, sino también por los costos económicos que ello implica dada las insuficiencias de la atención de la salud en nuestro país.

Corresponde al flamante gobierno pasar del pedido de perdón a evitar la impunidad de los decisores políticos y operativos así como identificar a los victimarios, para sus debidos procesos y correspondientes sanciones. También, garantizar la reparación y asistencia médica a quienes han sido afectados por la desbocada represión policial, en particular en nuestra capital. Tarea que debe ser asumida por el Estado de manera integral dada la gravedad y las secuelas de lo acontecido.

En tal sentido, como ciudadanía organizada, solicitamos al nuevo Gobierno que considere lo siguiente:

1. La creación de un fondo público especial y solidario para atender y reparar adecuadamente a las víctimas de la represión policial. Actualmente, el SIS viene cubriendo el gasto a varios de ellos, pero su cobertura es insuficiente. Por ejemplo, para cirugías reparativas o los gastos de rehabilitación o lo que implica el apoyo a la salud mental, especialmente en aquellos que han sido privados ilegalmente de su libertad.

2. En dicho fondo, se debe considerar una asignación económica que repare los ingresos que los afectados van a dejar de percibir. Varios de las personas afectadas apoyan a sus familias, tienen responsabilidades económicas, e incluso en algunos casos han visto truncado su futuro.

Es una obligación de nuestro Estado reparar a las víctimas en todo lo que corresponda. Y al gobierno definir y asumir las medidas y políticas que aseguren que estos hechos no vuelvan a ocurrir.

Lima, 18 de Noviembre del 2020

Suscriben por la Plataforma:

Laura Altobelli Meir, Miguel Ángel Arca Gonzáles del Arca, Eduardo Arenas Silvera, Javier Azpur Azpur, María Edith Baca Cabrejos, Carlos Cáceres Palacios, Celeste Cambría Rosset, Víctor Carrasco Cortéz, Susana Chávez Alvarado, Jennie Dador Tozzini, Luis Davelouis Lengua, Rossina Guerrero Vásquez, Miguel Gutiérrez Ramos, Alfredo Guzmán Changanaquí, Elisa Juárez Chávez, Jhony Juárez Montalván, Hans Landolt Pardo, José López Ricci, Norma Mavila León, Percy Ocampo Rujel, Norma Rodríguez Fernández, Marta Rondón Rondón, Sandra Vallenas Béjar, Eugenio Villar Montesinos, Víctor Zamora Mesías, siguen firmas...

CIUDADANA Y CIUDADANO, FIRMA Y SÚMATE A ESTE PRONUNCIAMIENTO:
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