Bogotá, agosto 17 de 2020
 
Señor
Ivan Duque Márquez
Presidente de la República
Colombia
 
                                                                                                                          Ref. Carta Pública
 
Respetado Señor Presidente,

Como miembros de la comunidad académica internacional manifestamos nuestra indignación frente a la situación de violencia ejercida sobre niñas, niños y jóvenes en Colombia.  Le exigimos a usted que asegure que todas las instituciones responsables de garantizar los derechos y protección de esta población tomen acciones inmediatas para detener las violencias sistemáticas sobre ellos y ellas en el territorio colombiano. Asimismo, le exigimos que se investiguen los sucesos de conocimiento público que debajo describimos - así como  otros sucesos similares que se hayan producido o puedan producirse- y que se juzgue penalmente a los responsables y culpables materiales e intelectuales. Referimos algunos de los crímenes cometidos contra esta población, sabiendo que son mucho más numerosas las violaciones de los derechos de ellos y ellas:

El asesinato de 18 niños, niñas y jóvenes en la acción militar denominada Atai, realizada entre el 29 y el 30 de agosto de 2019 en el municipio de San Vicente del Caguán en Caquetá. Durante el ataque militar a un campamento de disidentes de las FARC, fueron asesinados niños, niñas y jóvenes entre 12 y 17 años que habían sido reclutados forzosamente. La operación militar fue llevada a cabo a pesar de la denuncia de Herner Carreño, personero del pueblo, sobre casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes en la zona del bombardeo. Entre las víctimas identificadas se encuentran Abimiller Morales (17 años), Wílmer Alfredo Castro (17 años), Diana Medina Garzón (16 años), José Rojas Andrade (15 años), Jhon Édison Pinzón Saldaña (17 años), Ángela Gaitán Pérez (12 años) y Sandra Patricia Vargas Cuéllas (16 años); no se tiene claridad de la identidad y edad de las otras víctimas.

El secuestro y la violación de una niña de 15 años de la etnia Nukak Makú por parte de las Fuerzas Armadas del  Batallón de Infantería n.º 19 general Joaquín París del Ejército, en el departamento del Guaviare. La niña fue secuestrada y violada repetitivamente desde el 8 hasta el 13 de septiembre del 2018 en el mismo batallón del ejército.

La violación de una niña indígena de la comunidad Embera Chamí de 13 años por parte de 7 militares  del Batallón San Mateo. La niña salió de su casa en Santa Cecilia de Pueblo Rico, en Risaralda, a las cinco de la tarde del  28 junio de 2020 y fue encontrada en estado de shock al día siguiente.

El asesinato de dos estudiantes, Cristián Caicedo y Maicol Ibarra, de 12 y 17 años, quienes fueron asesinados por miembros de las Autodefensas Gaitanistas cuando llevaban su tarea al colegio en Leiva, Nariño el 8 de agosto de 2020.

La masacre de 5 jóvenes entre 14 y 15 años en Cali el 11 de agosto de 2020. Los jóvenes asesinados fueron Jair Andrés Cortés (14 años), Jean Paul Cruz (16 años), Luis Hernando Preciado (14 años), Arturo Montenegro (13 años) y Leider Hurtado (14 años); todos pertenecientes a la comunidad afro. Los jóvenes fueron torturados y asesinados, todavía no se conocen los móviles de este crimen.

La masacre de 9 jóvenes entre 17 y 25 años en Samaniego, Nariño, el 15 de agosto de 2020 por parte de grupos armados ilegales. Las víctimas eran Oscar Andrés Obando (17 años), Laura Michel Melo (19 años), Campo Elías Benavides (19 años), Daniel Vargas (22 años), Bayron Patiño (23 años), Rubén Darío Ibarra (24 años), Jhon Sebastián Quintero (24 años) y Brayan Alexis Cuarán (25 años). Así como la muerte de otra jóven, Yésica Zúñiga Jaramillo (26 años), el mismo día, en el mismo municipio.

El asesinato de niños, niñas y jóvenes familiares de líderes sociales asesinados como: Jenny López (15 años), nieta del líder Álvaro Narváez, asesinados el 29 de abril de 2020 en Mercaderes, Cauca, en este hecho también resultó herido Álvaro Narváez hijo (17 años). De igual manera, Kevin Gasca (14 años) y Rober Gasca (11 años), fueron asesinados con su padre, el líder social Hamilton Gasca Ortega, el 4 de abril de 2020 en Piamonte, Cauca; las víctimas eran los hijos y el esposo de la también líder social María José Arroyo, quien logró sobrevivir al atentado junto con su hijo Eliécer Gasca (7 años).

El recrudecimiento de los asesinatos durante el mes en curso nos obliga como parte de nuestras responsabilidades a denunciar y exigir al Gobierno de Colombia, presidido por usted, Presidente Duque:

1) El cumplimiento de los Derechos de los niños y niñas en el marco de la Convención de los Derechos del Niño de 1989 y ratificada por Colombia por medio de la Ley 12 de 1991.

2) El urgente cumplimiento de las normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes y la  garantía del ejercicio de sus derechos y libertades, como está consagrado en la Ley 1098 de 2006.

3) La asunción de la responsabilidad y las acciones que le corresponden para que todos los servidores públicos en todas las instituciones públicas comprometidas con los hechos  garanticen la protección de la vida de niños, niñas y jóvenes.

4) La adopción de medidas urgentes para detener toda forma de violencia contra la niñez y la juventud, en el marco del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, con planes de acción concretos y formas claras de seguimiento y evaluación de sus resultados.

5) El desarrollo de investigaciones concluyentes que lleven al esclarecimiento de los hechos, la identificación de los responsables directos e indirectos de los crímenes cometidos y el castigo a las y los culpables.

Atentamente,