Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación por la situación actual de las niñeces y adolescencias en nuestro país. A 30 años de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de la Argentina, y a 15 años de la sanción de la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, continúa constatándose la brecha entre lo establecido en el cuerpo normativo y la puesta en práctica como política pública. Los gobiernos pasan y continúa la deuda con la niñez.

Nos manifestamos desde una perspectiva federal, que contempla la diversidad cultural, geográfica y de géneros para el diseño de las políticas de Estado. Exigiendo que los Estados produzcan otra relación para con las niñeces y adolescencias, para con les niñes, niñas, niños, pibes y pibas, gurises y gurisas, chiques, chicos y chicas. Pero reconocer esta diversidad supone marcos normativos uniformes en todo el país y acordes a los tratados internacionales vigentes, promoviendo políticas universales que superen los límites de la focalización, políticas con enfoque de derechos que no se planteen solo contener o compensar ante la emergencia, políticas distributivas que no promuevan la caridad y dependencia sino que construyan un país más igualitario y con mayores posibilidades para todos, todas y todes, políticas que aborden los problemas con los recursos necesarios - financieros, institucionales, técnicos, organizativos, políticos, humanos -, políticas que amplíen la democracia.

En Argentina, al igual que en el resto de América Latina, la desigualdad atraviesa a las niñeces y adolescencias. El Estado Nacional, tiene la responsabilidad gubernamental indelegable e ineludible de establecer y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas que aseguren los derechos de niñes y adolescentes, a la vez que, en su formulación, ejecución y prestación, sea prioritario mantener presente el interés superior y la asignación privilegiada de recursos públicos que las hagan posible.

El 2020 se presenta con un contexto mundial inédito producto de la pandemia por COVID 19, con impacto significativo en la vida de les niñes y adolescentes. La brecha de desigualdad social se amplía y agudiza entre quienes más y menos tienen, marcando posibilidades presentes y futuras.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos -INDEC-, más de la mitad de les niñes en nuestro país, son pobres. El 56,3% se encuentran viviendo en situación de pobreza y 15,6% en la indigencia; siendo similar la situación de les adolescentes, constituyéndose así, el grupo etáreo más afectado por la pobreza e indigencia. Estos números indican que 6 de cada 10 niñes son pobres, pero no sólo representan la sumatoria de personas menores de edad sino evidencian la presencia de más de dos millones de niñes y adolescentes viviendo en hogares que no cubren las necesidades básicas de alimentos y más de 7 millones de vidas privadas del acceso al derecho a la salud, a la vivienda, a una alimentación saludable, a la educación, a la recreación, entre otros.


Sobre continuidad educativa:

El ASPO/DISPO puso de manifiesto aún más el acceso desigual, entre otros, a dispositivos y conectividad entre los grupos familiares, aumentando la brecha entre les niñes que asisten a sistemas de educación privado y quienes asisten al sistema público, quienes acceden a la tecnología para la continuidad pedagógica y quienes han quedado fuera del sistema educativo. Según las estadísticas del INDEC para el cuarto trimestre de 2019, el 39% de los hogares de los 31 aglomerados urbanos del país no cuenta con una computadora y el 17,1 % no tiene acceso a internet. En los conurbanos de las grandes ciudades, un 47,7% de quienes tienen entre 5 y 17 años no tienen acceso a servicios de internet en sus viviendas.

En la actualidad y según datos de la “Encuesta de Percepción y Actitudes de la Población. Impacto de la pandemia y las medidas adoptadas por el gobierno sobre la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes” (UNICEF, 2020), el 18% de les niñes y adolescentes de entre 13 y 17 años no cuenta en el hogar con señal de wifi o conexión de internet, y el 37% no cuenta en el hogar con al menos una computadora (Tablet, PC, netbook, etc.).
La encuesta de hogares realizada por Ministerio de Educación y UNICEF también destaca que menos de la mitad de los hogares cuentan con acceso fijo de Internet de buena calidad en la señal, 3 de cada 10 de hogares no tiene acceso fijo a Internet: 27% accede solo por celular y 3% no tiene internet de ningún tipo. El 53% no cuenta con una computadora liberada para uso educativo. Además, el piso tecnológico de los hogares que asisten a escuelas del sector privado duplica al de los que asisten al sector estatal.

La falta de conectividad también se marcó por parte de docentes y equipos directivos, quienes señalaron problemas en las condiciones de acceso a recursos tecnológicos: 79% indicó que las y los directores y docentes tenían limitaciones de conectividad y un 66% identificó problemas con el equipamiento.


Sobre violencias:

A partir de la delegación en las fuerzas de seguridad del control del cumplimiento del  ASPO y la DISPO se ha intensificado el accionar a través de mecanismos de control social represivo. El mayor despliegue ha impactado en adolescentes y jóvenes en todo el territorio nacional, las fuerzas de seguridad locales, provinciales y nacionales han intentado asegurar el cumplimiento del aislamiento con violencia, persecución y hostigamientos profundizando la persecución de la clientela por excelencia de las fuerzas de seguridad: los varones pobres que habitan las barriadas populares. Si el objetivo es cuidar la salud colectiva, la represión y el castigo no brinda solución, ya que impacta en la dimensión que pretende preservar. Un Estado que cuida, no reprime ni castiga a les niñes y adolescentes.

Por otra parte, el sistema penal juvenil también perpetúa la criminalización y estigmatización de los niños y adolescentes de los sectores populares. Se incumplen los compromisos asumidos por nuestro país, lo que incluso ha generado condenas internacionales. Las condiciones de detención, la discrecionalidad que habilita el marco legal, la falta de especialidad de los efectores judiciales entre otros factores, suponen flagrantes violaciones a los derechos humanos y de los derechos específicos de niñes y adolescentes.

No ha sido más beneficiosa la situación para las niñas y adolescentes, la cantidad de femicidios ha crecido exponencialmente, según el Observatorio de las violencias de género “Ahora Que Si Nos Ven”, del 1 de enero al 20 de Noviembre hubo 265 víctimas, donde 18 de ellas tenían menos de 12 años, 6  tenían entre 13 y 15 años, y 21 tenían entre 16 y 20 años. La problemática de femicidios se inscriben tambien en las responsabilidades del estado en el despliegue de políticas públicas que garanticen la no discriminación por motivos de género, discapacidad, étnicos y de migración, a la vez promover acciones destinadas a concientizar a la sociedad contra los estereotipos y prejuicios que vulneran a les niñes de manera especial y en su expresion mas gravosa atentan contra sus vidas.

Les niñes y adolescentes tienen derecho a decidir su identidad y expresión de género así como su orientación sexual, también tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, al ejercicio sexual y la interrupción de un embarazo no deseado ni planificado. Resulta fundamental que sus elecciones no se encuentren condicionadas ni oprimidas desde la perspectiva adulta, heteronormativa y patriarcal.


Sobre participación protagónica:

Es responsabilidad de los gobiernos y la sociedad toda, promover y asegurar las condiciones para avanzar en una participación protagónica y significativa de les niñes, que no sólo garantice una escucha de sus voces, sino que sus puntos de vista y opiniones sean tenidas en cuenta en cualquier decisión que les involucre. El derecho a contar con herramientas que les permitan a les niñes una presencia social organizada, una opinión representativa y una interlocución con el Estado y la Sociedad es uno de los desafíos más urgentes, la participación es, un ejercicio concreto de actoría social y de construcción de identidad, interés y derecho.


Sobre jerarquización del sistema de protección y promoción de derechos:

Los organismos de protección de derechos y centros del sistema penal juvenil vienen de un proceso de desmantelamiento, desfinanciamiento y de un profundo aumento de la precarización, donde sus trabajadores organizades batallan para revertir esas condiciones, para así proteger derechos. No deben seguir funcionando como habitualmente lo hacían, la perspectiva federal insta a que en todas las provincias y municipios se invierta en los organismos de protección, brindando estabilidad laboral y formación desde el enfoque de derechos, con recursos y programas acordes para promover y restituir derechos. La construcción de un sistema integral de promoción y protección de derechos no es la sumatoria de voluntades individuales sino de una sostenida inversión del Estado en todos sus niveles (municipal, provincial y nacional).


Sobre presupuesto para financiar políticas en niñez y adolescencia:

El proyecto del presupuesto 2021 se encuentra en debate en el Congreso Nacional, trayendo como novedad un análisis transversal de las políticas de niñez, adolescencia y género. Con lo cual, prima la responsabilidad de favorecer la movilización de recursos, asignaciones presupuestarias y gastos para asegurar los derechos de niñes y adolescentes, y así dar prioridad al mejoramiento de las condiciones de vida.
La iniciativa sobre el aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas, además de ser una demanda popular, se torna indispensable debiendo convertirse en un impuesto continuo, que grave las riquezas de los sectores más poderosos de nuestro país. De esa manera se podrá avanzar en niveles mayores de inversión para lograr generación de trabajo decente, retribuido de forma adecuada, para garantizar el ingreso en las familias donde habitan niñes y adolescentes.
Los anuncios sobre políticas de cuidado muestran una intencionalidad de gobierno ubicando al cuidado como una cuestión pública y como derecho, debiendo implementarse desde una perspectiva integral que tengan como centro a les sujetes de cuidado en diálogo con las políticas de género.
Resulta prioritario y urgente la planificación e implementación de políticas estatales universales que tengan a las niñeces como protagonistas principales, garantizar derechos implica eliminar las condicionalidades y restricciones de toda política y ampliar las posibilidades de acceso para el bienestar de niñes y sus familias a vivienda digna, alimentación saludable, servicios educativos, de salud y recreativos como medida inmediata para concretar aquello que se enuncia en las leyes.


A partir de lo expuesto, nos manifestamos:

❏ Porque el hambre es inadmisible. La falta de acceso al alimento mata, es un crimen y puede ser evitado.
❏ Porque es necesario resolver las brechas digitales como condición de posibilidad para la continuidad educativa.
❏ Porque es urgente erradicar las violencias y discriminaciones. La represión no garantiza seguridad.
❏ Porque es urgente una Asignación Privilegiada de Recursos para terminar con la desigualdad en niñes y adolescentes.
❏ Por financiamiento para el Sistema de Protección Integral, no regresivo e intangible, que garantice el efectivo cumplimiento de derechos y garantías establecidos en el marco normativo
❏ Por una perspectiva federal, que contemple la diversidad cultural, geográfica y de géneros para el diseño de las políticas de Estado.
❏ Porque las niñeces y adolescencias deben crecer sin miedos ni opresiones. Por niñeces y adolescencias libres, con decisión sobre sus cuerpos.
❏ Por la  plena aplicación de los contenidos de la ley de ESI. Cumplimiento de los protocolos de actuación en caso de embarazo en la niñez y en la adolescencia
❏ Por el respeto y promoción de la diversidad cultural.
❏ Por servicios y ciudades accesibles para niñes y adolescentes con discapacidad.
❏ Por políticas de cuidado desde una perspectiva integral y con participación de NNyA
❏ Porque es imprescindible que los gobiernos asuman el compromiso adoptado en la normativa y desarrollen políticas públicas que garanticen los derechos humanos de todes les niñes y adolescentes.


Promoviendo Derechos, Construimos Igualdad