Los y las miembros integrantes de la Red de Información y Discusión sobre Arqueología y Patrimonio (RIDAP), hemos tomado conocimiento sobre los eventos recientes relativos a la política cultural en Bolivia, específicamente el cierre del Ministerio de Culturas y Turismo y el traslado de su Viceministerio de Interculturalidad (con las respectivas reparticiones dedicadas a Patrimonio y Arqueología) al Ministerio de Educación, y la intervención con fuerza policial en las dependencias en que funcionaba dicha entidad pública. Reviste especial gravedad la intervención de los predios donde funcionan la Unidad de Arqueología y Museos (UDAM) y el Museo Nacional de Arqueología (MUNARQ). En ese caso puntual, se ha impedido a los funcionarios técnicos y profesionales ingresar a sus espacios de trabajo, se los ha desvinculado de la institución de hecho sin mediar documentos formales, y se ha impedido la entrega regular e inventariada de activos fijos, documentos y piezas arqueológicas. Desde hace nueve días, producciones culturales, sagradas y de la vida cotidiana campesina e indígena, informes inéditos y documentos de incalculable valor, que testimonian la diversidad y riqueza cultural boliviana, que pertenecen al pueblo boliviano y en especial a las comunidades indígenas y campesinas, se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, sujetos a sustracción, deterioro o destrucción.
Se ha designado, además, a una persona sin conocimiento ni lazo alguno con la actividad arqueológica y patrimonial para que encabece la UDAM. El hecho de que el nuevo director sea un líder religioso sin experiencia alguna en el ámbito arqueológico, patrimonial ni cultural, no hace otra cosa que reafirmar el contexto conservador con el cual se instaló el actual gobierno de facto de Jeanine Añez. Este ascenso forzado al poder gubernamental, que fue también repudiado por un comunicado de la RIDAP, incluyó signos de carácter intolerante como la quema de la bandera wiphala y el ingreso de la biblia al palacio de gobierno.
Lejos de preocuparse en llevar a cabo las elecciones, que debería ser su objetivo fundamental, el gobierno de facto continúa influyendo directamente en las políticas culturales de Bolivia, llevando a cabo cambios letales. La remoción de autoridades de las principales instituciones relacionadas a cultura (Museo Nacional de Arte, Museo Nacional de Etnografía y Folklore y Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia), pone en riesgo la institucionalidad de estos organismos y los inhabilita a proseguir con el cumplimiento de su trabajo en bien del patrimonio cultural, antropológico, arqueológico, histórico y artístico del país; además, deja a sus funcionarios sumidos en una ola de inestabilidad en un momento álgido marcado por la pandemia global.
En conjunto, estas acciones delatan las intenciones de usar las instituciones de cultura estatales para difundir un mensaje centralista y colonialista de exclusión, fanatismo e intolerancia, en desmedro de las comunidades urbanas, indígenas y campesinas de Bolivia, cuya diversidad de memorias y prácticas de construcción de pasado e identidad, en relación con espacios y materiales arqueológicos, es de enorme valor y riqueza.
Alertamos además que, lejos de constituir un caso aislado, los eventos recientes en Bolivia responden a una tendencia general asumida por fuerzas de derecha en varios países latinoamericanos respecto a sus políticas culturales. En Brasil se cerró el Ministerio de Cultura, instalándose un contexto de censura en temática cultural. En Argentina, durante el período 2015-2019, se produjeron recortes presupuestarios, despidos de empleados públicos, baja de salarios, retraso de subsidios y disminución de ingresos a la carrera de investigador en CONICET, junto con una apología del ejecutivo hacia ejercicios de violencia institucional frente a reclamos indígenas. En Chile, la nueva ley de patrimonio cultural ha recibido fuertes críticas por su restringida participación ciudadana, que no garantiza la consulta indígena ni la inclusión de otros sectores sociales. Paralelamente, en Brasil y Perú la protección al medioambiente, patrimonio arqueológico e integridad de los pueblos indígenas son relegadas en favor de proyectos extractivistas. En otros países latinoamericanos, activistas indígenas son asesinados por oponerse a similares ideologías conservadoras y extractivistas. Como ilustran estos ejemplos, existe una tendencia regional de gobiernos de derecha de avanzar autoritariamente sobre los pueblos indígenas, la continuidad de prácticas culturales y formas de conocimiento diversas, así como de la seguridad de sus manifestaciones culturales custodiadas en los museos.
Como RIDAP, repudiamos enérgicamente estas acciones que demuestran un total desconocimiento y desprecio por la diversidad étnica y cultural de los países latinoamericanos. En esta ocasión, nos solidarizamos particularmente con los arqueólogos y antropólogos de Bolivia y respaldamos los pronunciamientos emitidos por la SALP (Sociedad de Arqueología de La Paz), el Consejo Internacional de Museos (ICOM) Bolivia, la Carrera de Antropología y Arqueología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) con su Instituto de Investigaciones (IIAA), Observatorio del Patrimonio Cultural Arqueológico (OPCA), y su Asamblea Estudiantil. Todas estas entidades demandan la institucionalización de un aparato idóneo y el respeto de las normativas legales del patrimonio arqueológico boliviano.
Este pronunciamiento es respaldado por los abajo firmantes integrantes de la RIDAP. Invitamos a otres colegas, profesionales, activistas, pueblos y comunidades indígenas, organizaciones sociales y políticas, autoridades institucionales en espacios de la cultura y el patrimonio de la región a pronunciarse acerca del tema, pueden hacerlo adhiriendo al presente comunicado o promoviendo otros similares, llevando la discusión a sus espacios habituales de trabajo y convivencia.
http://www.ridap.org/Contactos:
ridap.2014@gmail.comRIDAP statement on the closure of the Ministry of Culture and Tourism in Bolivia
As members of the Red de Información y Discusión sobre Arqueología y Patrimonio (RIDAP)[1] we have become aware of the recent incidents related to the cultural policies in Bolivia and its institutions. Particularly worrisome are the closing of the Ministry of Culture and Tourism[2] and the transfer of the Vice-Ministry of Interculturality[3] (and their heritage and archaeology divisions) to the Ministry of Education, as well as the intervention of police forces. We have to highlight the gravity of the police interventions into the properties of the Unity of Archaeology and Museums[4](UDAM) and the National Museum of Archaeology[5] (MUNARQ). In these cases, without any kind of formal notification, technical and professional staff has been disassociated from the institution and prevented to enter their working spaces.
As a result, since the 30th of July, the lack of any kind of inventory that could account for the assets, administrative and historical documentation, and, particularly, archaeological collections (which attest to the rich and diverse cultural past of Bolivia and its indigenous peoples), prevents the proper handling and curation of this invaluable heritage and puts it in risk. The fact that the person in charge of this unit recently designated by the de facto administration of Jeanine Añez has neither archaeological credentials, nor professional links, or any kind of experience related to the museum, complicates things further. Given the inquisitorial and iconoclastic attitude displayed by Añez at the time she was installed in power (bible in hand and destroying indigenous symbols), this nomination sends a preoccupying sign to the international anthropological and archaeological community.
Far from being concerned about conducting elections, which should be its fundamental aim, the de facto administration of Añez continues influencing negatively the cultural policies of Bolivia, undertaking lethal changes. This endangers the institutional framework of these organisms and prevents them from carrying out their work in the benefit of cultural, anthropological, archaeological, historical and artistic heritage of the country. Furthermore, it leaves the staff caught up in a wave of instability at the height of the global pandemic. Overall, these actions denote the intentions of using the governmental cultural institutions to disseminate a centralist and colonialist message of exclusion, fanatism and intolerance. These actions are detrimental to urban, indigenous and peasant communities of Bolivia, whose diversity of memories and practices of constructing the past and identity in relation to archaeological sites and materials is of enormous value and richness.
We further warn that, far from being an isolated case, the recent events in Bolivia respond to a general trend assumed by right-wing forces in several Latin American countries regarding their cultural policies. In Argentina, during the period of 2015-2019, public employees and, particularly, members of the CONICET (National Council of Research and Technology) and people related to cultural and scientific institutions, have experienced layoffs, drops in salaries and substantial budget cuts, along with a blunt institutional violence against indigenous claims. In Chile, the new cultural heritage law, which does not guarantee consultation of indigenous peoples or the inclusion of other social sectors, received strong criticism for its restricted citizen participation. Similarly, in Brazil, the Ministry of Culture was closed, installing a context of censorship in cultural issues and, like what happens in Peru, the protection of the environment, of archaeological heritage and of the integrity of indigenous peoples are relegated in favour of extractivist projects. In other Latin American countries, indigenous activists are killed for opposing similar conservative and extractivist ideologies. As these examples illustrate, there is a regional tendency of right-wing governments to advance their authoritarian agendas to the detriment of indigenous peoples, the continuity of cultural practices, and diverse forms of knowledge, as the security of its cultural manifestations, which are in stewardship of the museums.
As RIDAP we strongly repudiate these actions which demonstrate a total lack of knowledge and contempt for the ethnic and cultural diversity of Latin American countries. On this occasion, we especially stand in solidarity with the archaeologists and anthropologists of Bolivia, we support the statements issued by SALP (Society for Archaeology of La Paz), the International Council of Museums (ICOM) Bolivia, the Career of Anthropology and Archaeology of the Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), with its Research Institute (IIAA), the Observatory of Archaeological Heritage (OPCA) and its student assembly. All these entities demand the institutionalization of a suitable apparatus and the respect of the legal regulations of the Bolivian archaeological heritage.
[1] Network of information and discussion on archaeology and heritage
[2] Ministerio de Cultura y Turismo
[3] Viceministerio de Interculturalidad
[4] Unidad de Arqueología y Museos
[5] Museo Nacional de Arqueología
