El derecho al aborto en México se encuentra en una encrucijada. Por un lado, la despenalización posibilitada por el fallo de la SCJN —y que es el resultado de décadas de lucha del movimiento de mujeres en México— es un paso importante en el camino hacia la lucha por el derecho al aborto legal, seguro, libre y gratuito en el país.

Por otro lado, la ofensiva reaccionaria y conservadora no se ha hecho esperar; en las últimas semanas hemos visto movilizaciones de los sectores antiderechos, mal llamados provida, junto a organizaciones de la derecha conservadora y eclesiásticos. A ello se suma la ofensiva ideológica que, desde las iglesias y con apoyo de partidos de la derecha, intenta criminalizar a las mujeres por decidir sobre sus cuerpos; el caso más terrible es el del Sacerdote en Coahuila que llamó a matar a las mujeres que abortan, un agravio enorme al darse en el país del feminicidio.

Esta ofensiva, aunque ahora se muestra más abiertamente, no es nueva, recordemos que durante los primeros meses de confinamiento los congresos locales desecharon de forma fast track las iniciativas para despenalizar el aborto, y también que intentaron imponer en algunos congresos leyes que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos como el PIN Parental.

Por otro lado, la SCJN luego de nombrar inconstitucional la penalización del aborto, dio una nueva sentencia avalando la objeción de conciencia, lo cual, por la vía de los hechos, es una traba para las mujeres que busquen practicarse un aborto en instituciones públicas. Algo que, nuevamente expone a las mujeres más pobres y vulnerables a asistir a clínicas clandestinas e inseguras.

Hasta ahora son ocho las entidades en la que se ha despenalizado el aborto (CDMX, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Colima, Baja California y Sinaloa), sin embargo, aun hace falta que este sea garantizado como un derecho pleno, así como la homologación de los códigos penales para dejar de criminalizar a las mujeres en todo el país.

Las recientes despenalizaciones, sumado a la fuerza del movimiento de mujeres que vimos en las calles este 8M, son muestras de que es posible imponerle a este gobierno nuestro derecho al aborto de forma plena, porque ya no podemos esperar a que más mujeres sigan muriendo por abortos clandestinos, porque no queremos que más niñas y adolescentes sean obligadas a continuar con sus embarazos y a parir. Porque, como lo demostró la marea verde en Argentina, fue la movilización masiva y en las calles la que impuso que sea ley; lo mismo que Colombia con el fallo de la corte Constitucional con el fallo que despenaliza el aborto hasta la semana 24.

En este sentido, desde Pan y Rosas México, creemos que hay una enorme oportunidad para el impulso de un movimiento de mujeres pele por el aborto legal, seguro, libre y gratuito en todo el país. Por ello, en esta carta abierta, hacemos un llamado a nivel nacional al conjunto del movimiento de mujeres y disidencias sexogenéricas, activistas, a las organizaciones feministas, de personas LGBT+, sociales, sindicales, políticas y populares a coordinarnos para el impulso de una campaña nacional por el derecho a decidir.

Dicha campaña tendría que contemplar la discusión democrática y abierta para problematizar una iniciativa de ley en común; y que exija que se garantice educación sexual integral, acceso a anticonceptivos gratuitos y de calidad, y el derecho de las mujeres y todas las personas gestantes (hombres trans, personas no binares y de género fluido), a decidir plenamente sobre sus cuerpos. Por ello es necesario que dicha campaña impulse e imponga una ley para que el Estado garantice nuestro derecho a decidir.

Una coordinación a nivel nacional que impulse acciones y movilizaciones para imponer esos derechos. Y que la conquista de los mismos sean pasos firmes para reforzar la lucha contra la violencia y la precarización que se impone a las niñas, adolescentes y mujeres.  

Llamamos a todos los sectores que estén en favor de los derechos de las mujeres y personas gestantes a sumarse a esta campaña.