Los/as abajo firmantes, docentes, investigadores/as e integrantes de organizaciones de distintas provincias de Argentina, expresamos nuestra preocupación por la amenaza de despojo de los territorios ancestrales que sufre la comunidad Yariguarenda perteneciente al Pueblo Guaraní, en la localidad de Tartagal del Departamento San Martín, Provincia de Salta. 

El 18 de diciembre de 2023, el Banco de la Nación Argentina (BNA) procedió a un remate judicial del territorio ancestral de esa comunidad, por compensación de deuda en relación a un juicio de 1996 que inició el BNA contra uno de los titulares registrales, Francisco Martínez. 

Sin embargo este riesgo de despojo territorial es de larga data. La comunidad viene siendo objeto de atropellos desde los la década de 1930: ha sido atravesada por líneas destinadas a las prospecciones petroleras, además de una intensa actividad extractiva de empresas madereras, lo que significo cambios sustantivos en la biodiversidad del monte nativo. Esto generó grandes perjuicios para la comunidad ya que hubo cambios irreparables en la naturaleza, con la cual este pueblo se vincula y que es el sustento de la vida de sus integrantes. A su vez, en 1970, se aceleró la compra de tierras comunitarias y la explotación de grandes espacios para la producción de hortalizas y de monocultivos. Desde entonces, la comunidad ha sido objeto de desalojos, intimaciones y atropellos. 

Pese a ello, la comunidad ha continuado habitando sus territorios, cuidándolos, produciendo alimentos agroecológicos que permiten la subsistencia de niños/as y adultos/as del mismo pueblo indígena y de la localidad de Tartagal y generando proyectos de turismo rural comunitario donde enseñan sobre el cuidado integral de la naturaleza

Con esta historia de despojo y resistencia la comunidad llega a la situación de crisis territorial por la subasta que intenta realizar el Banco de la Nación Argentina, interponiendo frente a ello una acción de amparo colectivo, medida a la que dio lugar el Juzgado Federal de Tartagal, por estar, el catastro, dentro del territorio relevado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en 2012. Así, en un fallo del 9 de enero pasado, la jueza federal Soledad Ivana Hernández ordenó suspender la venta "hasta tanto se dicte sentencia definitiva (...) sobre el fondo de la cuestión" y el mismo Juzgado estableció que el despojo de tierras atentaba contra la continuidad cultural y la vida misma de la comunidad.

Cabe mencionar que el derecho indígena a los territorios que habitan están reconocidos por la Constitución Nacional Argentina (artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional), por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 805/2021 que dispone la prórroga de los plazos de la Ley N° 26.160, estableciendo así la suspensión de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras ocupadas por comunidades indígenas originarias del país, así como por normativas internacionales de rango constitucional, como la Declaración Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo. 

En ese marco, expresamos nuestro apoyo al pedido de la Comunidad de cancelar la subasta pública. Debe tenerse presente además que el único oferente, el señor Dante Galeano, pretende instalar emprendimientos turísticos en el lugar (la empresa Tar- Tur SAS). Esta situación preocupa a la comunidad que entiende, que el mismo provocara impactos mayores y de características irreversibles, por las implicancias de un emprendimiento de turismo instalado en territorio comunitario.