El gobierno venezolano está escribiendo actualmente otra crónica más de un fraude anunciado, como lo viene haciendo desde el año 2016.
¿Por qué decimos esto? Porque las autoridades de facto contra viento y marea pretenden realizar descaradamente, el próximo 6 de diciembre, la elección de una nueva Asamblea Nacional a su medida. En pocas palabras, estamos en presencia de un fraude cantado, cuyos elementos están a la vista de todo el mundo: una directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) subordinada al gobierno, pues fue nombrada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), también afecto al gobierno; inhabilitación política de dirigentes opositores, intervención por parte del TSJ de las directivas de los principales partidos de oposición, sean de la oposición patronal ó del chavismo disidente, sustituyendo sus directivas por otras “ad hoc” nombradas directamente por el mismo TSJ, con lo cual el gobierno logró cooptar a una parte de la oposición para que le hiciera el juego en este proceso de relegitimación; a través de la detención de candidatos o posibles candidatos, ilegalización de partidos, como en los casos de REDES, Marea Socialista y el Partido Socialismo y Libertad (PSL), entre otros; violación de los derechos electorales de los pueblos indígenas, que según el TSJ, deberán elegir sus diputados a mano alzada, en función de un supuesto derecho “de usos y costumbres”; manipulación de los circuitos electorales, aumento del número de diputados y, finalmente; violación descarada del derecho al voto de los millones de venezolanas y venezolanos residenciados en el exterior.
¿Y por qué necesita el gobierno de Maduro una Asamblea Nacional a su medida? Evidentemente, para terminar de controlar todos los poderes, para cubrirse de un barniz de legitimidad, su talón de Aquiles, sobre todo a nivel internacional, ya que requiere de la aprobación de la Asamblea Nacional para poder concretar con toda legalidad los jugosos contratos con sus socios rusos, chinos, iraníes, turcos y gringos.
Por si fuera poco, estas elecciones se van a realizar en medio de una crisis sin precedentes, una verdadera tragedia, reconocida como una de las mas terribles del planeta, que se agudiza de día en día en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, y que es producto de la aplicación de un criminal paquetazo antiobrero y antipopular, caracterizado por la desastrosa situación de los servicios básicos, por el hambre y la pobreza generalizada, por una prolongada hiperinflación, por la recesion economica; por la destrucción del salario y de todas las conquistas y los derechos contractuales de las trabajadoras y trabajadores, tanto del sector público como privado, lo que ha traído como resultado una clase trabajadora en condiciones de semi esclavitud, el desmantelamiento de las empresas estatales, en particular de PDVSA, la liberacion de la gasolina a precios internacionales y la transferencia de su comercializacion a manos privadas, ademas, por el ecocidio, la devastación y el saqueo de la naturaleza, por parte de los jerarcas civico militares de este gobierno, en pro de intereses extranjeros, todo esto en el marco de una política de Estado represiva y autoritaria. Efectivamente, la acción criminal de los cuerpos represivos del gobierno están cobrando más vidas que el COVID 19. Toda esta situación se ve agravada por la imposición de las sanciones económicas del gobierno imperialista de Trump.
Es evidente que en medio de esta dramática situación, el pueblo venezolano en general no siente ninguna disposición, ni entusiasmo para salir a votar.
Finalmente, estas elecciones se dan en medio de una terrible crisis sanitaria, producto de la pandemia del COVID-19. Mientras las autoridades despliegan una campaña colosal, desde hace meses para que la gente se quede en su casa y así, supuestamente evitar que la pandemia se agrave, organizan al mismo tiempo una elección que, lógicamente, llamaría a millones de venezolanos a salir a votar sin que existan las condiciones mínimas de bioseguridad, cuestión que ni siquiera existe para los trabajadores de la salud en los hospitales “centinelas”. Por ello, consideramos que es un llamado irresponsable que expone a la población al contagio de covid-19. Todo por el afán del gobierno cívico militar de Maduro de perpetuarse por más tiempo en el poder.