La reforma laboral del gobierno Rajoy impuesta por el PP de la mano de los empresarios en 2012 supuso un ataque en toda regla a las condiciones de trabajo de las y los asalariados, cercenó la capacidad de acción sindical en las empresas e instauró cotas inimaginables de precariedad y temporalidad para la mayoría social, particularmente la juventud y las mujeres, con especial incidencia en la población migrante. Vino a empeorar la reforma, entonces ya criticable, realizada por el gobierno de Zapatero, debilitó la correlación de fuerzas de la clase obrera frente a la patronal y se convirtió en un clamor popular la necesidad de su derogación.

Esta fue una de las medidas estrella del pacto que llevó hasta el gobierno a la coalición del PSOE y Unidas Podemos, por lo que la promesa de la derogación para lograr la recuperación de derechos laborales y sociales perdidos se convirtió en una obligación ineludible para con el conjunto de la sociedad y, en concreto de la mayoría social compuesta por trabajadoras y trabajadores.

Si la crisis económica iniciada en 2008 vino acompañada de la pérdida de derechos al abaratar y facilitar al empresariado el despido y normalizar la precariedad, mellando las posibilidades de la clase obrera de defender sus condiciones laborales al debilitar el papel de las organizaciones sindicales, la crisis que estalló con la pandemia sanitaria no parece que vaya a resolverse de distinta manera si esperamos pasivamente a que el Gobierno cierre un acuerdo con los empresarios. Acuerdo que se exige por una gran parte del gabinete, por el PP e incluso -mediante una ilegal y chantajista injerencia- por parte de los organismos rectores de la UE que, sin embargo, nada dijeron ante las reformas impuestas unilateralmente con anterioridad.

Los fondos europeos, “Next Generation UE”, vienen acompañados de varias condiciones, tales como recortes en el sistema público de pensiones, en los salarios y en la legislación laboral que vienen a profundizar la senda marcada en 2008, es decir, más esfuerzo y saqueo de la mayoría trabajadora para entregar dinero público a unas pocas grandes multinacionales.

Estos días contamos con una gran ocasión para avanzar en este camino para la derogación de la reforma laboral. Los partidos políticos con representación institucional que vienen apoyando al Gobierno del PSOE y UP desde el inicio de la legislatura, tienen la posibilidad de condicionar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a la derogación de la reforma laboral y la puesta en marcha de un nuevo marco legislativo. Alcanzar este objetivo es posible a través de la movilización en las calles, donde sindicatos, organizaciones sociales y políticas pongamos sobre la mesa medidas concretas como las que proponemos en este manifiesto.

Es urgente la puesta en marcha de un nuevo Estatuto de las trabajadoras y los trabajadores que provoque un cambio de tendencia, mejorando las condiciones laborales, así como dotando de mejores condiciones de lucha a las plantillas y sindicatos para afrontar los retos que nos vienen.

Es por lo que trabajadoras y trabajadores de todo el Estado y representantes sindicales de diferentes organizaciones lanzamos este manifiesto con 5 medidas concretas que permitan avanzar en esta dirección, acompañadas de la subida del SMI a 1.200€ y su actualización periódica.

1. Sobre los despidos:
◦ Prohibir los despidos en empresas con beneficios.
◦ Recuperar los salarios de tramitación y la indemnización de 45 días por año trabajado.
◦ Ante la improcedencia del despido, recuperar el derecho del trabajador/a de optar por la indemnización o por la readmisión.

2. Ante la temporalidad:
◦ Prohibición de las ETT (empresas de trabajo temporal) recuperando el SEPE dicha actividad.
◦ Los contratos laborales deben ser indefinidos. Limitar el número de trabajadores en las empresas con contratos temporales, no superando nunca el 15% del total de la plantilla. Regular estricta y precisamente las condiciones de la causalidad extraordinaria y específica de los temporales.

3. Frente a la externalización de obras servicios:
◦ Modificación del artículo 42 referido a la subcontratación de obras y servicios para evitar su uso fraudulento y torticero.
◦ Prohibición de la externalización de los procesos que formen parte de la actividad productiva principal.

4. Recuperación y prevalencia del convenio sectorial:
◦ El Convenio Sectorial debe situar las condiciones marco para el conjunto de las personas del ramo, reservando a los Convenios de Empresa la mejora de lo convenido en los sectoriales, no pudiendo modificar negativamente lo ya acordado.
◦ Recuperación de la ultraactividad de los convenios.
◦ Eliminar la potestad de modificación unilateral de condiciones de trabajo y salario del empresario en situaciones de crisis.
 
5. Reducción jornada laboral: 32h semanales con igual sueldo.