Estimad@ parlamentari@:


Dirigimos esta carta a los grupos parlamentarios del Senado y el Congreso de los Diputados exigiendo que se inicie una comisión de investigación mixta en la que poder aclarar quién autorizó la entrada de fuerzas de seguridad marroquíes en territorio español.

Las organizaciones sociales firmantes nos dirigimos a usted todavía conmocionadas por los testimonios e imágenes conocidos por toda la sociedad española respecto a la muerte de 37 personas el pasado viernes 24 de junio en la frontera de Melilla.

Estas muertes son consecuencia del modelo violento de gestión de las fronteras llevado a cabo por los Estados, financiado con dinero público y en el que las violaciones de derechos humanos son aceptadas en virtud de obstaculizar la llegada a territorio europeo de personas migrantes y refugiadas. No podemos sino señalar el profundo agravio entre el trato dado a las personas migrantes y refugiadas del continente africano y las procedentes del continente europeo.

En estos días se han hecho públicas múltiples declaraciones de condena por distintos actores políticos y sociales, igualmente, miles de personas han expresado su rechazo y solidaridad con las víctimas en redes sociales. Como organizaciones de la sociedad civil nos alegra esta demostración de la ciudadanía pero es inaceptable que aún no se haya comprometido la realización de una investigación profunda de los hechos al objeto de depurar responsabilidades políticas y legales. Estas muertes ilícitas podrían haberse evitado deben ser investigadas y enjuiciadas y no pueden quedar impunes.

Este suceso constituye una violación del derecho internacional en la frontera, como en otras ocasiones ya ha sucedido en los puntos fronterizos de Ceuta y Melilla. Queremos recordar que la Sentencia del Tribunal Constitucional Nª 172/2020, establece que la legalidad de los rechazos en frontera solo alcanza las entradas individuales, exige control judicial e imperativamente obliga a que se dé cumplimiento a las obligaciones internacionales. Estas devoluciones, además de no cumplir estos requisitos, han implicado lesiones al derecho a la vida y a la integridad física y moral de estas personas, violando el Artículo 15 de nuestra Constitución.

Este trato cruel y degradante hacia las personas que intentaban cruzar la frontera, es injustificable por parte de un Estado de Derecho, como bien se ha visto en las imágenes difundidas por los medios de comunicación. Estos hechos constituyen violaciones directas de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, ratificados tanto por España como por Marruecos y están obligados a respetarlos y esclarecer y juzgar cualquier violación que suceda dentro de su territorio y sin embargo, nadie parece hacer nada al respecto.