Las organizaciones abajo firmantes, integrantes del Observatorio de Minería Ilegal y Actividades Vinculadas en Áreas Claves de Biodiversidad, constituido en respuesta a la amenaza que representa la minería ilegal para el ambiente, la salud e integridad de la población, en especial los pueblos indígenas y la vida silvestre que habitan en las Áreas Naturales Protegidas y Áreas Claves de Biodiversidad, ríos y otros cuerpos de agua, hacemos de conocimiento a la ciudadanía lo siguiente:

Manifestamos nuestra profunda preocupación que desde la aprobación de la Ley N° 31388,  Ley que prorroga la vigencia del Proceso de Formalización Minera hasta el 31 de diciembre del 2024, y además, que como parte de sus disposiciones complementarias finales, se haya dispuesto la creación de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su Política Nacional Multisectorial en un plazo no menor de ciento ochenta (180) días; los mismos que, se encuentran en proceso de construcción, diseño y discusión. Sin embargo, a la fecha no se ha convocado a organizaciones de la sociedad civil y a otras instituciones, que abordan estos temas, más aún que no se haya tenido en consideración la intervención de las voces de quienes vienen sufriendo los efectos directos de la minería informal e ilegal. A fin de que se concilie de forma participativa y eficaz la construcción de estás políticas públicas.

En ese entender, este proceso requiere sin duda de la intervención y toma de decisiones de los diferentes funcionarios y servidores públicos del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), los mismos que deben contar con la experiencia, conocimiento, capacidad, idoneidad y reputación intachable en la materia bajo gestión, así como que no cuenten con cuestionamientos o vinculación referida a la actividad de la minería ilegal.

Bajo ese contexto, advertimos también, nuestra profunda preocupación al tomar conocimiento sobre la situación pública y cuestionamientos profesionales en la que se encontraría sujeto el actual Ministro de Energía y Minas, Carlos Sabino Palacios Pérez, que acumula a la fecha investigaciones penales por diversos delitos cometidos entre los años 2014 – 2020, relacionados principalmente a los delitos de peculado y abuso de autoridad.

Siendo que, esta designación y continuidad del cargo del actual Ministro de Energía y Minas, de quien se desconoce su experiencia profesional y académica, no se encontraría acorde para la designación de tan alto cargo en esta cartera Ministerial. Esto a la luz de los cuestionamientos que se habrían advertido cuando fue Director de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Junín, conforme al Informe N° 008/2019 de la Contraloría de la República del Perú en donde se señala que su designación no cumplía con los requisitos mínimos para ocupar dicha administración regional, lo cual agudiza aún más la crisis que atraviesa el sector.

Asimismo, advertimos los intentos de flexibilizar y modificar las normas para la lucha contra la minería ilegal, que vendrían siendo promovidas desde el Congreso de la República, por el congresista Eduardo Salhuana del partido político Alianza para el Progreso y ex asesor de la Federación de Mineros de Madre de Dios (FEDEMIN), quién a su vez ha formado parte del impulso y aprobación de la Ley N° 31388, Ley que amplía el Proceso de Formalización Minera.

En ese sentido, alertamos a todas las autoridades y a la sociedad en general, sobre estos hechos, que ponen en riesgo a la principal institución estatal del sector de energía y minas, que tienen a su cargo decisiones relevantes y relacionadas a la regulación de la actividad minera en nuestro país y, alertamos el intento de debilitar el marco jurídico contra la minería ilegal.

De lo expuesto, suscribimos el presente pronunciamiento las siguientes organizaciones, todas constituidas conforme a ley y en pleno cumplimiento de las exigencias estatales vigentes, así cómo las siguientes personas naturales: